Delcy Rodríguez enfrenta demanda en tribunal federal de Miami
Tres ciudadanos estadounidenses reclaman justicia por presuntos secuestros, detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, enfrenta señalamientos judiciales en una demanda civil presentada ante un tribunal federal del sur de Florida por tres ciudadanos estadounidenses que denuncian haber sido víctimas de secuestro, detención arbitraria y torturas físicas y psicológicas durante su encarcelamiento en territorio venezolano.
La acción judicial también incluye acusaciones de terrorismo internacional y señala a Rodríguez y a otros integrantes del aparato de poder venezolano por su presunta responsabilidad en los hechos denunciados. Sin embargo, la posibilidad de que el proceso avance contra la dirigente se encuentra condicionada por la posición del Gobierno de Estados Unidos, que ha respaldado su solicitud de inmunidad ante los tribunales.
El caso adquirió mayor relevancia en julio de 2026, cuando un juez federal ordenó el pago de indemnizaciones por 314 millones de dólares contra otros demandados relacionados con el expediente. Esa decisión volvió a poner el foco sobre las reclamaciones de las víctimas y sobre los límites de la justicia estadounidense cuando se trata de funcionarios extranjeros.
Tres ciudadanos reclaman reparación por su encarcelamiento

Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval son los tres ciudadanos estadounidenses que impulsan las reclamaciones judiciales por las circunstancias de su detención en Venezuela.
Los hombres fueron detenidos en diferentes momentos entre 2022 y 2023 y recuperaron la libertad el 20 de diciembre de ese último año, como parte de un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington. La negociación también incluyó la liberación en Estados Unidos de Alex Saab.
Tras regresar a su país, los tres ciudadanos acudieron a los tribunales para reclamar una reparación por las consecuencias de su encarcelamiento. Sus denuncias describen presuntos abusos físicos y psicológicos, además de cuestionar las condiciones en las que permanecieron privados de libertad.
Las reclamaciones buscan establecer responsabilidades por los hechos denunciados. No obstante, el alcance de una eventual reparación y la posibilidad de continuar las acciones contra cada uno de los demandados dependerán de las decisiones que adopte el tribunal.
Washington respalda la inmunidad de Rodríguez
Uno de los principales obstáculos para el avance de la demanda contra Delcy Rodríguez es la posición asumida por el Gobierno estadounidense.
Reed Rubinstein, asesor jurídico del Departamento de Estado, intervino en el caso para respaldar la solicitud de inmunidad de la dirigente venezolana. El argumento de Washington se basa en su reconocimiento como jefa de Estado en funciones y en las posibles consecuencias diplomáticas de someterla a un proceso judicial en Estados Unidos.
Desde esa perspectiva, el Gobierno estadounidense sostiene que la condición que reconoce a Rodríguez como jefa de Estado justifica desestimar la demanda civil presentada en su contra.
Sin embargo, el respaldo de la administración Trump no constituye por sí mismo una sentencia judicial definitiva. La decisión sobre la aplicación de la inmunidad corresponde al tribunal competente, que deberá determinar las consecuencias jurídicas de esa posición para la continuidad del proceso.
Un caso que plantea interrogantes sobre la justicia estadounidense
La controversia enfrenta las reclamaciones de tres ciudadanos que buscan una reparación por los presuntos abusos sufridos con las consideraciones jurídicas y diplomáticas que rodean la inmunidad de los jefes de Estado extranjeros.
El desenlace podría establecer si las pretensiones civiles contra Rodríguez pueden continuar o si deben ser desestimadas por razones de inmunidad. También mantendrá la atención sobre el alcance de los mecanismos judiciales estadounidenses para atender denuncias de ciudadanos contra dirigentes extranjeros.
Por ahora, la controversia se mantiene centrada en la inmunidad solicitada y en las decisiones pendientes dentro del expediente. Mientras los demandantes buscan justicia por su encarcelamiento, el tribunal deberá resolver si existen condiciones jurídicas para que la demanda contra Rodríguez avance.
Fuente: Medios de comunicación




