Polémica en Bogotá: edificio del ICBF completa 12 años abandonado.
Un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, continúa sin prestar servicios
Bogotá, continúa sin prestar servicios después de más de una década de iniciado el proyecto. La obra acumula contratos por más de $4.600 millones y presenta problemas de infraestructura que mantienen en incertidumbre a la comunidad.
Una sede que debía funcionar desde 2014 sigue sin abrir sus puertas
La construcción de una nueva sede del ICBF en Bogotá se convirtió en motivo de preocupación para los habitantes del sector, quienes cuestionan que una infraestructura destinada a fortalecer la atención de niños, niñas y familias vulnerables permanezca sin funcionar después de 12 años. El edificio, de cinco pisos y ubicado en el barrio Centenario, debía estar listo en 2014, pero diferentes dificultades contractuales y retrasos impidieron que comenzara a prestar sus servicios.
El primer contrato contó con un presupuesto superior a los $3.291 millones y alcanzó un avance físico del 85,8 %. Sin embargo, la obra quedó pendiente de liquidación y nunca entró en operación. Aunque posteriormente se realizaron nuevas gestiones para terminar la construcción, el inmueble continuó sin cumplir el propósito para el cual fue proyectado. La situación ha generado cuestionamientos sobre la ejecución de los recursos públicos y la falta de una solución definitiva.
Baños sin terminar, ascensores fuera de servicio y riesgo de inundación
Las revisiones realizadas por los organismos de control evidenciaron diferentes problemas que impiden habilitar el edificio. Entre los hallazgos se encuentran acabados pendientes, baños sin terminar, ascensores fuera de servicio y dificultades relacionadas con las instalaciones eléctricas y el sistema contra incendios. También se identificaron daños en una de las bombas ubicadas en el sótano, situación que aumenta la preocupación por posibles inundaciones.
En septiembre de 2024 se suscribió un segundo contrato por aproximadamente $1.317 millones para adecuar y finalizar la infraestructura. Sin embargo, para 2026 el avance físico reportado era del 76 %, por lo que todavía quedaban trabajos importantes por ejecutar. Los recursos de ambos contratos suman más de $4.609 millones, mientras que los documentos revisados registran pagos cercanos a los $3.692 millones. Pese a estas inversiones, el centro zonal permanece desocupado.
La comunidad pide respuestas sobre el futuro del edificio
Los habitantes del barrio Centenario han expresado su inconformidad por la permanencia de una estructura que, en lugar de beneficiar a la población, continúa sin prestar ningún servicio. Según testimonios recogidos por medios de comunicación, el proyecto estaba destinado a albergar aproximadamente a 75 funcionarios del ICBF, quienes han tenido que continuar trabajando en otra sede.
Los vecinos también manifiestan preocupación por el deterioro de la infraestructura y por los problemas que podría generar su abandono en el entorno. La comunidad pide que las autoridades aclaren si el edificio será terminado, sometido a nuevas intervenciones o si existe otra decisión sobre su futuro. La principal exigencia es que se adopten medidas concretas para evitar que la inversión continúe sin producir beneficios para la ciudadanía.
¿Qué responde el ICBF frente a esta situación?
Frente a los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos y la ejecución de los proyectos, el ICBF señaló que busca fortalecer la transparencia en sus procesos contractuales y mejorar la eficiencia en la administración de los recursos públicos. La entidad también planteó como prioridad ampliar y fortalecer la atención integral a la primera infancia y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a la población beneficiaria.
No obstante, el desafío inmediato consiste en establecer qué ocurrirá con la sede de Rafael Uribe Uribe, cuáles son los compromisos pendientes y qué medidas permitirán resolver las dificultades técnicas y contractuales que han impedido su funcionamiento. Las explicaciones generales sobre transparencia y gestión institucional no significan, por sí solas, que exista una fecha confirmada para la apertura del edificio.
Un caso que vuelve a poner bajo la lupa la inversión pública
La situación del centro zonal evidencia las consecuencias que pueden tener los retrasos prolongados en las obras públicas: recursos comprometidos, infraestructura sin utilizar y comunidades que continúan esperando servicios que debían estar disponibles desde hace años. En este caso, la preocupación es mayor porque el proyecto estaba destinado a fortalecer la atención institucional de la niñez y las familias.
Por ahora, el edificio continúa sin recibir a la comunidad y no se ha confirmado una fecha definitiva de apertura en la información publicada. Los ciudadanos esperan que las autoridades entreguen respuestas claras, determinen las responsabilidades correspondientes y definan una solución que permita aprovechar la infraestructura o establecer qué decisión se tomará sobre ella.
