Paola Holguín defiende retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional y abre debate
Por ahora, el retiro de estas piezas mantiene en el centro de la conversación pública el papel del Museo Nacional como espacio de conservación, investigación
La ministra de las Culturas, Paola Holguín, se pronunció sobre el retiro de más de 30 piezas de las salas de exposición del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá. La decisión ha generado controversia por el impacto que podría tener en la representación de los movimientos sociales, las víctimas de la violencia política y los procesos de paz en el país.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Holguín afirmó que el Museo Nacional debe cumplir su función de conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural e histórico colombiano. Según la funcionaria, la institución debe reflejar el alma de la nación y evitar convertirse en un instrumento de adoctrinamiento político o en un espacio que presente versiones sesgadas de la historia.
La declaración se produjo después de que se conociera el retiro de al menos 30 afiches, fotografías y objetos de distintas salas del museo. Entre los elementos desmontados había piezas relacionadas con los movimientos feministas y LGBTIQ+, la memoria de las víctimas de la violencia política y el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas FARC.
Las piezas retiradas y su significado histórico
Entre los objetos que dejaron de estar expuestos se encontraban una bandera del orgullo que perteneció a la activista Elizabeth Castillo, materiales relacionados con las movilizaciones por los derechos de las personas LGBTIQ+ y documentos sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
También fueron retirados elementos vinculados con figuras políticas como Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la Unión Patriótica asesinado en 1990, así como piezas relacionadas con Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y firmante de un acuerdo de paz, quien también fue asesinado ese año.
Otro de los objetos que salió de exhibición fue el llamado Balígrafo, una pluma elaborada a partir de una bala que se utilizó durante la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Estos elementos formaban parte de los contenidos con los que el museo buscaba mostrar distintos momentos de la historia política y social de Colombia.
La posición del Ministerio de Cultura
En su pronunciamiento, Holguín sostuvo que la institución no debe convertirse en un espacio de apología al delito ni de revictimización. También hizo referencia a la protección de los menores frente a contenidos sensibles y señaló que los criterios museológicos y curatoriales de los espacios culturales bajo su cartera están siendo evaluados y rediseñados.
La posición de la ministra se conoce en medio de los anuncios del presidente Abelardo de la Espriella sobre cambios en la política cultural del Gobierno, incluida la decisión de retirar de espacios institucionales representaciones que su administración considera relacionadas con la exaltación del terrorismo.
Sin embargo, los reportes periodísticos sobre el retiro de las piezas también han señalado interrogantes acerca del procedimiento utilizado para seleccionar los elementos desmontados y la participación de las instancias curatoriales del museo en esas decisiones.
Reacciones y debate sobre la memoria histórica
La medida provocó cuestionamientos de organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos. Colombia Diversa, organización dedicada a la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, expresó preocupación por el retiro de materiales que documentaban las luchas por la igualdad y los procesos de paz en Colombia.
El caso ha reabierto la discusión sobre el papel de los museos públicos en la conservación de la memoria histórica, la representación de comunidades diversas y la interpretación de episodios marcados por la violencia política. Mientras el Gobierno defiende la revisión de los contenidos bajo criterios institucionales, sus críticos advierten sobre el riesgo de que la eliminación de determinadas piezas limite el conocimiento de procesos sociales relevantes.
La controversia también plantea preguntas sobre cómo deben tomarse las decisiones curatoriales en instituciones que preservan el patrimonio nacional y qué mecanismos garantizan que distintas perspectivas históricas puedan ser conocidas por las nuevas generaciones.
