Ni una mujer más víctima de feminicidio En Nariño y Colombia

El feminicidio es una de las expresiones más crueles de violencia contra las mujeres y una herida profunda para la sociedad colombiana. Cada mujer asesinada por razones de género representa una vida arrebatada, una familia destruida y una comunidad que debe preguntarse qué está haciendo para evitar que estos hechos continúen.

En el departamento de Nariño, se han registrado varios feminicidios en los municipios de Pasto, La Florida, Samaniego, Los Andes Sotomayor, Ipiales y un último en el municipio de Leiva.

Entre ellas están de Ipiales, Lizbeth del Socorro Fuelpaz; Los Andes-Sotomayor, Gina Alexandra Obando; La Florida Erika Giselle de nacionalidad venezolana, y un último caso en Leiva, Marjhury Ordóñez.  

No podemos permitir que la muerte de una mujer se convierta en una noticia más, que genere indignación durante unas horas y después quede en el olvido. Detrás de cada caso existen sueños, proyectos, hijos, padres y personas que esperaban verla regresar a casa. Por eso, rechazar los feminicidios debe ir más allá de las palabras: debe convertirse en un compromiso permanente.

Las autoridades deben actuar de manera inmediata, puesto que los autores de los feminicidios, algunos siguen prófugos de la justicia. Estos casos también se registran en el vecino país de Ecuador donde una joven enfermera de nombre Jessica Guamán les cegaron la vida a manos de un supuesto amigo. 

Es preocupante que muchas mujeres deban vivir con miedo, soportar amenazas, agresiones físicas o maltratos psicológicos, incluso por parte de quienes alguna vez les prometieron amor y protección. Ninguna circunstancia justifica la violencia. Los celos, el control, la discriminación y el sentimiento de superioridad no son demostraciones de amor, sino comportamientos que pueden convertirse en señales de alarma.

Como sociedad, tenemos la responsabilidad de actuar de manera urgente, lo mismo deben hacer las autoridades, es decir atender las denuncias o las advertencias de las afectadas.

Es así que las autoridades deben fortalecer las medidas de prevención, atender oportunamente las denuncias y garantizar protección efectiva a quienes se encuentran en riesgo. No basta con reaccionar cuando ocurre una tragedia; es indispensable escuchar a las víctimas, investigar las amenazas y evitar que la indiferencia termine facilitando nuevos crímenes.

También es necesario educar desde los hogares, las instituciones educativas y los espacios comunitarios. A los niños y jóvenes debemos enseñarles que las relaciones se construyen sobre el respeto, la igualdad y la libertad, nunca sobre la posesión o el miedo. Asimismo, debemos dejar de justificar las agresiones y de responsabilizar a las mujeres por la violencia que padecen.

El silencio tampoco puede ser una opción. Cuando conocemos un caso de maltrato, tenemos el deber de orientar, acompañar y buscar ayuda a través de los canales institucionales disponibles, sin poner en peligro a la víctima.

Colombia necesita menos discursos y más acciones concretas para proteger la vida de las mujeres. Cada feminicidio que pudo prevenirse evidencia una deuda colectiva con la justicia, la dignidad y los derechos humanos.

Ni una mujer menos, ni una familia más destruida por la violencia. La vida de las mujeres se respeta, se protege y se defiende todos los días. Las autoridades deben actuar con vehemencia contra los actores feminicidas que solo dejan dolor en las familias, especialmente en sus hijos que algunos quedan muy pequeños.

Así mismo las familias de las víctimas exigen a los jueces que las condenas para los autores materiales de los feminicidios sean la máxima pena porque no hay derecho a que les quiten la vida.