Corte Constitucional ordena trasladar a 2.615 detenidos que llevan más de un año
Corte Constitucional ordenó al INPEC, la Policía Nacional y la USPEC elaborar un plan para trasladar a 2.615 personas privadas de la libertad que permanecen
BOGOTÁ, COLOMBIA. Una nueva decisión de la Corte Constitucional volvió a poner en evidencia la grave crisis que atraviesa el sistema penitenciario y carcelario colombiano. El alto tribunal ordenó a varias entidades del Estado preparar un plan de traslado progresivo para 2.615 personas privadas de la libertad que llevan más de un año recluidas en estaciones de Policía, lugares que fueron diseñados para detenciones temporales y no para funcionar como cárceles permanentes.
La determinación quedó consignada en el Auto 1460 de 2026, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. La decisión establece que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la Policía Nacional deberán presentar, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la providencia, una estrategia que permita organizar los traslados.
De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, con corte al 6 de abril de 2026, entre las personas que llevaban más de un año en estaciones de Policía se encontraban 2.567 imputadas y 48 condenadas. Esta situación encendió las alertas de la Corte por las condiciones de reclusión y las posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
Hacinamiento carcelario, una problemática que sigue creciendo
La Corte Constitucional también examinó las condiciones generales del sistema penitenciario. Las cifras revisadas por el tribunal evidenciaron que Colombia tenía 124.104 personas privadas de la libertad en establecimientos con capacidad para 93.654 internos.
Esto representa una sobrepoblación de 30.450 personas y un hacinamiento del 33 %, una situación que dificulta garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación, salud, seguridad y resocialización.
El problema también se refleja en las estaciones de Policía y las unidades de reacción inmediata (URI), instalaciones que no cuentan con la infraestructura necesaria para mantener personas durante periodos prolongados.
Por esta razón, el alto tribunal recordó que los centros de detención transitoria no deben convertirse en cárceles improvisadas, pues la permanencia prolongada puede afectar la dignidad humana y las garantías constitucionales de quienes permanecen bajo custodia del Estado.
Las entidades deberán presentar un plan de traslados
La orden judicial establece que las autoridades deberán identificar a las personas que serán trasladadas, determinar los establecimientos penitenciarios que las recibirán y verificar la disponibilidad real de cupos.
El documento también deberá establecer metas mensuales verificables para que los organismos competentes puedan hacer seguimiento al cumplimiento de la decisión.
Sin embargo, la Corte dejó una condición fundamental: los traslados no podrán generar nuevos episodios de hacinamiento en las cárceles receptoras. Por esta razón, las entidades deberán estudiar cuidadosamente la capacidad de los establecimientos y establecer alternativas cuando no existan espacios suficientes.
Gobierno deberá buscar soluciones para ampliar la infraestructura carcelaria
La decisión también contempla medidas para superar los problemas que han impedido avanzar en diferentes proyectos de construcción, adecuación y mejoramiento de establecimientos penitenciarios.
Para ello, la Corte ordenó conformar una mesa técnica interinstitucional liderada por el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con participación de otras entidades del Gobierno.
En este espacio deberán analizarse las dificultades presupuestales, administrativas, jurídicas y técnicas que han frenado las obras, así como las diferentes alternativas de financiación y contratación.
Entre las posibilidades que se estudiarán se encuentran la contratación de obra pública y las asociaciones público-privadas. La Corte aclaró que no está imponiendo una modalidad específica, sino que las autoridades deberán evaluar y justificar cuál resulta más conveniente para cada proyecto.
Corte pide medidas para reducir la población carcelaria
Otro de los aspectos importantes de la providencia es el llamado al Congreso de la República y al Consejo Superior de Política Criminal para estudiar alternativas que permitan reducir la presión sobre las cárceles colombianas.
Entre las medidas que deberán analizarse se encuentran las alternativas a la prisión y a la detención preventiva, los programas de prevención del delito, las estrategias de resocialización y los mecanismos de libertad anticipada.
La Corte advirtió que construir más establecimientos penitenciarios no representa, por sí solo, una solución definitiva al hacinamiento. También se necesitan cambios estructurales en la política criminal y una mejor coordinación entre las instituciones responsables.
La decisión representa un nuevo llamado de atención a las autoridades colombianas para que adopten medidas concretas frente a una problemática que afecta tanto a las personas privadas de la libertad como al funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar la justicia.
Ahora, el cumplimiento de las órdenes será determinante para establecer si el Estado consigue mejorar las condiciones de reclusión, ampliar la capacidad penitenciaria y evitar que las estaciones de Policía continúen siendo utilizadas como centros de detención prolongada.
Fuente: Corte Constitucional de Colombia, Auto 1460 de 2026, comunicado del 12 de noviembre de 2026. Información complementaria de Blu Radio e Infobae.
