Juez suspende norma que retiró protección a 240 hectáreas en Envigado
Una medida cautelar frenó los cambios al sistema de áreas protegidas de Envigado mientras la justicia analiza posibles afectaciones ambientales.
El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Medellín suspendió provisionalmente el Acuerdo 027 de 2026, mediante el cual el Concejo de Envigado modificó el Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAPE). La decisión se produjo después de admitir una acción popular que cuestiona la exclusión de aproximadamente 240 hectáreas que anteriormente estaban bajo protección ambiental.
La medida cautelar busca evitar que se consoliden cambios administrativos o urbanísticos que puedan afectar los ecosistemas mientras se resuelve el proceso judicial. Por esta razón, la Alcaldía deberá mantener en pausa las actuaciones relacionadas con la implementación de la nueva delimitación. La discusión también podría incidir en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio.
Dos posiciones frente a las áreas protegidas
La controversia enfrenta argumentos de la Administración municipal y de ciudadanos que cuestionan la modificación. La Alcaldía sostiene que el nuevo sistema contempla 3.653,8 hectáreas, frente a las 3.217 que establecía el acuerdo de 2016. Según su explicación, se incorporaron nuevas zonas y se ajustaron otras por razones técnicas y cartográficas.
Por su parte, los promotores de la acción popular consideran que algunas áreas excluidas tienen importancia ecológica y que los cambios no contarían con suficiente sustento técnico, científico y jurídico. Entre los sectores señalados están zonas del Alto de Las Palmas y las veredas Perico y Pantanillo.
La justicia revisará el impacto ambiental y la participación ciudadana
El proceso judicial examinará si la modificación pudo comprometer derechos colectivos relacionados con el ambiente sano, la biodiversidad y la protección de los recursos naturales. También se revisará si existieron garantías suficientes de información y participación para las comunidades durante la discusión del acuerdo.
El Municipio de Envigado y Corantioquia deberán presentar sus respuestas y la documentación correspondiente dentro de los plazos establecidos por el juzgado. La suspensión es provisional: no representa todavía una sentencia definitiva sobre la legalidad del acuerdo.
La decisión mantiene en pausa los cambios mientras avanza el proceso y deja en evidencia la importancia de la protección ambiental en la planificación del crecimiento urbano del municipio.
