Colombia cambia su política de sometimiento a grupos armados
El Gobierno nacional oficializó una nueva ley que establece condiciones más estrictas para los integrantes de organizaciones armadas ilegales
Por Johan Sebastian Jurado MartinezRedacción EXTRA
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Imagen de portada · Grupo Editorial Central
Colombia avanza en un nuevo modelo para enfrentar a las organizaciones armadas ilegales, luego de que el Congreso aprobara un proyecto de ley que modifica las condiciones de sometimiento a la justicia para los integrantes de estos grupos.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, establece mayores exigencias para quienes quieran acceder a beneficios judiciales mediante su entrega voluntaria y colaboración con las autoridades.
La nueva normativa fue aprobada en el Senado con 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que en la Cámara de Representantes obtuvo 95 votos favorables y 10 negativos. Posteriormente, el Gobierno la sancionó y oficializó como Ley 2640.
¿Qué cambia con la nueva ley?
Entre las principales condiciones establecidas se encuentran la entrega de armas y bienes relacionados con las actividades ilegales, la identificación de otros integrantes de las organizaciones criminales y la colaboración para localizar personas desaparecidas.
También se exige entregar información sobre menores de edad reclutados y personas secuestradas, además de revelar posibles redes de corrupción y conexiones políticas vinculadas con las estructuras armadas.
A cambio del cumplimiento de estas condiciones, los integrantes de los grupos ilegales podrán acceder a reducciones de sus penas, de acuerdo con los requisitos y las disposiciones contempladas en la legislación.
Un cambio en la estrategia de seguridad
La aprobación de esta norma representa un cambio frente al modelo de negociación conocido como 'Paz Total', desarrollado durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
La nueva estrategia busca priorizar el sometimiento a la justicia y la desarticulación de las estructuras criminales, estableciendo condiciones más rigurosas para quienes pretendan obtener beneficios legales.
El Gobierno sostiene que esta medida permitirá fortalecer la lucha contra las organizaciones ilegales y avanzar en la recuperación de los territorios afectados por la violencia.
