JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 12 exmilitares y policías

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 antiguos integrantes del Ejército Nacional y la Policía por hechos ocurridos entre 2001 y 2004 en la Comuna 13 de Medellín y sectores aledaños. La decisión señala la existencia de un patrón de violencia contra la población civil que involucró a integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares, principalmente el Bloque Cacique Nutibara.

La imputación corresponde al Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por agentes estatales en asociación con grupos paramilitares. Según la Sala de Reconocimiento, las conductas incluyeron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecución contra habitantes y líderes comunitarios.

La investigación documentó 951 hechos victimizantes

De acuerdo con la JEP, entre 2001 y 2004 se registraron 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas. El universo provisional de la investigación comprende 87 víctimas de desaparición forzada, 80 de homicidio, 289 de desplazamiento forzado, 34 de tortura, siete de violencia sexual y 380 víctimas de privaciones graves de la libertad, además de otros hechos de violencia.

La Sala estableció que las actuaciones respondieron a dos dinámicas articuladas. La primera consistió en señalar a habitantes, jóvenes y dirigentes sociales como integrantes o colaboradores de las milicias insurgentes, sin distinguir adecuadamente entre población civil y combatientes. La segunda estuvo relacionada con acuerdos de no agresión y colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública y organizaciones paramilitares.

La investigación identificó la participación de unidades de la IV Brigada del Ejército, la Regional de Inteligencia Militar No. 6 (RIME 6) y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL). Entre las estructuras involucradas también figuraron el GAULA Militar Antioquia, los batallones Pedro Nel Ospina y Pedro Justo Berrío, y el Cuerpo Élite Antiterrorista de la Policía.

Las operaciones Mariscal y Orión concentraron hallazgos relevantes

La JEP reconstruyó 41 operaciones militares y policiales desarrolladas entre 2001 y 2003 en la Comuna 13. Entre las intervenciones examinadas se encuentran Otoño, Contrafuego, Metro, Mariscal y Orión, en las que se identificaron graves infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones de derechos humanos.

Durante la Operación Mariscal, realizada el 21 de mayo de 2002, fueron asesinadas nueve personas, cuatro de ellas menores de edad, y más de 30 civiles resultaron heridos. La Sala también documentó capturas arbitrarias y obstáculos para atender y evacuar a las personas lesionadas. De los 41 detenidos durante el operativo, solamente cuatro fueron judicializados, mientras que los otros 37 quedaron en libertad.

Por su parte, la Operación Orión, desarrollada entre el 16 y el 23 de octubre de 2002, fue uno de los episodios centrales de la investigación. La JEP encontró que integrantes del Bloque Cacique Nutibara participaron como guías e informantes durante la intervención, señalaron viviendas y personas y facilitaron labores de identificación de supuestos colaboradores de las milicias.

La investigación reportó 292 personas capturadas durante este operativo, de las cuales 248 no tenían orden de captura. Entre estas últimas, 144 fueron liberadas por falta de pruebas entre finales de octubre de 2002 y enero de 2003. También se documentaron homicidios, lesiones, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Según la Sala, después de la intervención militar el Bloque Cacique Nutibara consolidó su dominio social, territorial y económico en diferentes sectores de la Comuna 13. Las amenazas, los asesinatos y los desplazamientos continuaron como mecanismos de control sobre la población.

Los doce comparecientes señalados por la JEP

La decisión atribuyó responsabilidades a antiguos mandos y otros integrantes de las instituciones militares y policiales, de acuerdo con su participación en el patrón criminal.

Entre quienes fueron señalados como autores por omisión impropia figuran el general retirado Mario Montoya Uribe, antiguo comandante de la IV Brigada; el coronel retirado Bernardo Gutiérrez Camelo, jefe de inteligencia de esa unidad; el coronel retirado Jairo Bocanegra de la Torre, comandante del Batallón de Ingenieros No. 4; el general retirado José Leonardo Gallego Castrillón, antiguo comandante de la MEVAL, y el coronel retirado Álvaro Botero Mejía, exsubcomandante operativo de esa institución.

La Sala también identificó como coautores al coronel retirado Juan Armando René Cadena Montenegro, al capitán retirado Carlos Mauricio Rojas Martínez, al coronel retirado Julián Ernesto Cadena Castillo, al coronel retirado Darío Enrique Cortés Castillo, al mayor retirado Sergio Enrique Pérez García y al sargento Dagoberto de Jesús Bermúdez Villa.

El mayor retirado Jhon Jairo López Valencia también fue incluido entre los comparecientes. La JEP le atribuyó responsabilidad como coautor por homicidios relacionados con la Operación Contrafuego y como autor por omisión impropia por diferentes crímenes asociados a las operaciones Mariscal y Orión.

En el caso de los mandos señalados por omisión, la responsabilidad se relaciona con el incumplimiento de sus deberes de mando, control, prevención, investigación y protección de la población civil. Para quienes fueron señalados como coautores, la imputación se fundamenta en sus aportes a la planeación, ejecución o encubrimiento de las conductas investigadas.

La desaparición forzada y el desplazamiento como mecanismos de control

Entre los hallazgos más graves, la Sala documentó 87 desapariciones forzadas y 80 homicidios de civiles en la Comuna 13 y sus alrededores. También identificó el desplazamiento de al menos 289 personas pertenecientes a 79 núcleos familiares, quienes tuvieron que abandonar sus viviendas por amenazas y acciones violentas.

La investigación estableció que estas prácticas no fueron hechos aislados, sino mecanismos utilizados para eliminar a personas señaladas de colaborar con grupos insurgentes, intimidar a las comunidades y facilitar el dominio paramilitar. También se acreditaron 34 víctimas de tortura y siete de violencia sexual.

La búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera y otros lugares de Medellín hace parte del contexto de esclarecimiento de estos hechos. La JEP señaló que identificó un sistema de inhumación clandestina en distintos puntos de la ciudad y reunió información sobre al menos 38 víctimas que habrían sido enterradas en esos lugares durante 2002 y 2003.

Qué sigue en el proceso judicial

Tras la notificación de la imputación, los 12 comparecientes tendrán el plazo establecido por la decisión para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o controvertir los señalamientos mediante argumentos y pruebas. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público también podrán presentar observaciones.

Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y aportan verdad, la Sala de Reconocimiento podrá remitir una resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz, que determinará las sanciones propias de carácter restaurativo. En caso de que no reconozcan los hechos, sus expedientes podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación para un proceso adversarial, que podría derivar en penas de hasta 20 años de prisión si se establece su responsabilidad.

La decisión representa un avance en el esclarecimiento judicial de la violencia sufrida por las comunidades de la Comuna 13 y en la determinación de las responsabilidades de antiguos integrantes de la Fuerza Pública por su participación en crímenes cometidos durante el conflicto armado.