Investigan posible faltante de $20 millones en la Asamblea de Nariño

Una serie de presuntas inconsistencias financieras en la Asamblea Departamental de Nariño se encuentra bajo cuestionamiento tras el fallecimiento de Álvaro Pérez, quien se desempeñaba como tesorero de la corporación. El caso gira alrededor de un posible faltante cercano a los 20 millones de pesos, relacionado con el manejo de un crédito de libranza adquirido por Rosita Guevara, quien fue diputada del departamento y actualmente ocupa una curul en la Cámara de Representantes.

De acuerdo con la información divulgada por el medio Entérate Nariño, uno de los aspectos que genera interrogantes tiene que ver con el último pago de dicha obligación financiera, que presuntamente se habría realizado en junio, cuando Guevara ya no hacía parte de la Asamblea Departamental. Esta circunstancia plantea dudas sobre las razones por las cuales se habría utilizado dinero de la corporación para efectuar un pago al Banco Davivienda.

Según la información conocida, la operación se habría desarrollado en el marco del convenio existente entre la Asamblea y la entidad bancaria para el manejo de créditos de libranza. Sin embargo, el momento en que se habría efectuado el desembolso y la procedencia de los recursos son algunos de los puntos que requieren aclaración.

Frente a los cuestionamientos, Rosita Guevara habría manifestado que no mantenía ninguna deuda pendiente y que entregó en efectivo el dinero correspondiente al entonces tesorero. Esta versión deberá contrastarse con los registros financieros, recibos de caja, comprobantes de consignación y demás documentos que permitan establecer si los recursos ingresaron efectivamente a las cuentas de la entidad.

Uno de los principales interrogantes consiste en determinar cuánto dinero fue descontado de la nómina de la entonces diputada, cuánto recibió realmente el banco y qué ocurrió con los recursos que, presuntamente, habrían sido entregados en efectivo.

La investigación también busca establecer por qué se habría realizado un pago con recursos de la Asamblea cuando la exdiputada ya no pertenecía a la corporación y quién autorizó o tramitó dicha operación.

La información fue obtenida por Entérate Nariño a partir de una respuesta a un derecho de petición presentado por su equipo jurídico, mediante el cual se solicitaron documentos relacionados con el empalme de tesorería, los movimientos financieros y los soportes contables de la Asamblea Departamental.

El fallecimiento del entonces tesorero representa una dificultad para reconstruir directamente algunas de las operaciones, pero no elimina la obligación institucional de esclarecer el destino de los recursos públicos y garantizar la trazabilidad de cada movimiento financiero.

Es importante señalar que los cuestionamientos conocidos no constituyen por sí mismos pruebas de responsabilidad penal contra las personas mencionadas. Será competencia de los organismos de control y las autoridades judiciales establecer si existieron irregularidades administrativas, fiscales, disciplinarias o penales.

El caso abre nuevamente el debate sobre los mecanismos de control interno, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la responsabilidad de las entidades departamentales de mantener registros contables verificables.