Indígenas de Guainía acudieron a la justicia para conocer el negocio de carbono en tierras
Dos líderes indígenas de Guainía lograron que un juez ordenara entregar información sobre créditos de carbono vendidos en su territorio.
Ocho meses de preguntas sobre un negocio ambiental en la Amazonía
En el departamento del Guainía, dos líderes indígenas tuvieron que acudir a la justicia para obtener información sobre un proyecto de créditos de carbono desarrollado en su territorio. El caso pone sobre la mesa una pregunta que comienza a generar preocupación en Colombia: ¿Quién vigila los negocios ambientales que se realizan en tierras de comunidades indígenas y qué tan transparentes son sus beneficios económicos?
Los protagonistas son Eliberto Lara Lara y Samuel Lara Bautista, integrantes del pueblo indígena puinave y representantes del resguardo de Carrizal, ubicado a orillas del río Guaviare. Ambos solicitaron información detallada sobre el proyecto Awakadaa Matsiadali, una iniciativa de conservación forestal que involucra a varias comunidades de la Amazonía colombiana.
Sus solicitudes buscaban conocer cuántos créditos de carbono se habían comercializado, cómo se distribuían los ingresos y qué recursos habían llegado efectivamente a su comunidad. Sin embargo, durante aproximadamente ocho meses no consiguieron una respuesta de fondo.
Ante esta situación, en octubre de 2025 presentaron una acción judicial para proteger sus derechos fundamentales de petición, igualdad y acceso a la información ambiental.
Un negocio millonario que involucra la conservación de la selva
Los créditos de carbono son instrumentos utilizados para representar reducciones o remociones de emisiones de gases de efecto invernadero. En proyectos REDD+, las iniciativas buscan reducir las emisiones asociadas a la deforestación y degradación de los bosques.
El proyecto Awakadaa Matsiadali comprende más de 500.000 hectáreas de bosque húmedo tropical y vincula a ocho resguardos indígenas. Según la investigación periodística publicada por Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, la iniciativa había comercializado aproximadamente 1,4 millones de créditos hasta octubre de 2026.
La Corporación Mas bosques estuvo encargada de estructurar, implementar y comercializar los certificados ambientales del proyecto.
La controversia comenzó cuando los representantes de Carrizal solicitaron información sobre las operaciones comerciales y los recursos correspondientes a su comunidad. La organización pidió acreditar su representación y cuestionó inicialmente los documentos presentados por los líderes indígenas.
La intervención de un juez cambió el rumbo del caso
El 10 de noviembre de 2025, un juez de Inírida ordenó a Mas bosques entregar una respuesta completa, documentada y de fondo a las solicitudes de los representantes indígenas.
La información fue entregada dos días después, en un documento de 18 páginas que incluía detalles sobre las ventas de créditos y los desembolsos realizados a la comunidad.
Entre los gastos reportados figuraban recursos para la guardia indígena, siembra de árboles nativos, transporte fluvial, proyectos productivos y apoyos escolares.
Mas bosques impugnó la decisión argumentando, entre otros aspectos, que debía proteger información confidencial y datos de las demás comunidades participantes. Posteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José del Guaviare confirmó la decisión de primera instancia, aunque señaló la necesidad de considerar las reservas legales y los derechos de terceros.
La Corte Constitucional podría establecer nuevas reglas
El caso llegó a la Corte Constitucional, que seleccionó el expediente en abril de 2026 por considerar que abordaba un asunto novedoso. El tribunal deberá estudiar las dificultades de acceso a la información en proyectos de carbono desarrollados en territorios indígenas.
El antecedente es especialmente importante: en la Sentencia T-248 de 2024, la Corte ya había examinado vulneraciones de derechos de comunidades indígenas relacionadas con otro proyecto REDD+ en el territorio del Pirá Paraná, Vaupés.
La nueva revisión podría contribuir a precisar las obligaciones de transparencia, participación y acceso a la información que deben cumplir los responsables de iniciativas ambientales en territorios colectivos.
¿Quién garantiza que las comunidades reciban los beneficios?
Más allá de la controversia jurídica, el caso de Carrizal abre un debate nacional sobre la economía ambiental y los derechos de los pueblos indígenas.
Colombia cuenta con importantes extensiones de bosques estratégicos para la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la conservación de estos ecosistemas también debe garantizar que las comunidades que habitan y protegen los territorios conozcan los contratos, las operaciones comerciales y la distribución de los recursos.
La pregunta que queda abierta es si los mecanismos actuales son suficientes para garantizar que quienes conservan la selva tengan información clara y participación efectiva en las decisiones económicas que involucran sus territorios.
La Corte Constitucional todavía debe pronunciarse sobre el expediente de Carrizal. Por eso, el caso no representa una decisión definitiva sobre la validez del proyecto ni sobre sus créditos, sino una oportunidad para establecer garantías más claras de transparencia en el mercado de carbono colombiano.
Fuente: El clip - Investigación Original · Ver fuente ↗
