Guardianes del río Atrato reciben premio internacional por su defensa ambiental

El Cuerpo Colegiado de Guardianes del Río Atrato (CCGA), integrado por representantes de comunidades afrodescendientes e indígenas del Chocó, recibió el Premio Rafto de Derechos Humanos 2026 en Bergen, Noruega. El reconocimiento destaca una década de trabajo en defensa del medio ambiente y los derechos de las poblaciones que habitan las riberas de este afluente colombiano.

El galardón fue otorgado por su lucha contra la destrucción ambiental y su compromiso con los derechos humanos. La ceremonia oficial se realizó los días 7 y 8 de noviembre, con la participación de cinco integrantes del colectivo que viajaron para recibir la distinción.

Una década defendiendo los derechos del río Atrato

El origen de esta labor se remonta a 2016, cuando la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-622, reconoció al río Atrato, su cuenca y afluentes como sujetos de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración.

A partir de esta decisión se conformó el Cuerpo Colegiado de Guardianes, integrado por 14 representantes: un hombre y una mujer de cada una de las siete organizaciones etnoterritoriales y sociales de las comunidades ribereñas.

Su trabajo consiste en representar los intereses del río, exigir a las autoridades el cumplimiento de las medidas de protección y desarrollar acciones comunitarias para conservar y restaurar los ecosistemas. También promueven la formación de niños y jóvenes para garantizar que las nuevas generaciones continúen con esta labor.

El Atrato es el tercer río navegable más grande de Colombia, tiene una extensión aproximada de 750 kilómetros y atraviesa una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. Cerca del 97 % de la población que vive en sus riberas pertenece a comunidades afrodescendientes e indígenas, cuya cultura y formas de vida mantienen una estrecha relación con el afluente.

Minería ilegal y amenazas ponen en riesgo a los guardianes

La defensa del río se desarrolla en un territorio afectado por la presencia de grupos armados y redes vinculadas con la minería ilegal, especialmente la extracción de oro. Estas actividades generan graves daños ambientales debido al uso de mercurio, que contamina el agua y los suelos y representa un riesgo para la salud de las comunidades.

Los integrantes del colectivo también enfrentan amenazas, desplazamientos, confinamientos y hostigamientos por denunciar las actividades ilegales. Elizabet Moreno Barco, guardiana y líder de la subregión de San Juan, advirtió sobre los riesgos que implica denunciar estas situaciones. Por su parte, Maryury Mosquera Palacios explicó que el grupo desarrolla estrategias para anticiparse a las amenazas y continuar con su trabajo.

Según el artículo, durante 2026 se han registrado 98 conflictos armados en la zona. Este contexto refleja las dificultades que enfrentan los defensores ambientales en Colombia, uno de los países más peligrosos para quienes protegen los derechos humanos y el territorio.

Un reconocimiento que trasciende las fronteras de Colombia

El Premio Rafto se entrega anualmente desde 1987 a personas y organizaciones que se destacan por su defensa de los derechos humanos. En esta edición, el comité reconoció la labor del colectivo colombiano y su aporte a la protección de la naturaleza y las comunidades.

Para los guardianes, el reconocimiento representa una oportunidad para fortalecer su trabajo y conseguir mayor respaldo internacional. Entre sus expectativas están obtener apoyo de Noruega, financiación para proyectos de restauración ecológica, recursos para mejorar los mecanismos de vigilancia y monitoreo, y mayor visibilidad para la protección de los ecosistemas.

Juan Carlos Palacios, integrante del colectivo desde 2024 y representante del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, destacó el alcance internacional que ha adquirido la experiencia de organización comunitaria alrededor del río.

La protección del Atrato, un proceso que continúa

A diez años de la sentencia constitucional, los guardianes reconocen que la recuperación del río es un proceso de largo plazo y que todavía existen importantes desafíos ambientales y sociales. La minería ilegal, la contaminación y la violencia siguen amenazando el territorio y a sus habitantes.

El premio internacional representa un respaldo a la labor desarrollada durante esta década, pero también un llamado a fortalecer las acciones institucionales y comunitarias para garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos al Atrato.

La experiencia colombiana se ha convertido en un referente para la protección jurídica de la naturaleza, al reconocer que la conservación de un ecosistema está estrechamente relacionada con los derechos, la cultura y la supervivencia de las comunidades que dependen de él.