Fiscalía ocupa bienes por más de $2.000 millones ligados al ‘gota a gota’

Las autoridades adelantaron un operativo dirigido a afectar las finanzas de la organización conocida como ‘Los Cobras’, señalada de presuntamente estar relacionada con préstamos ilegales bajo la modalidad de ‘gota a gota’ y posibles intimidaciones contra personas que se retrasaban en el pago de sus obligaciones.

La intervención fue desarrollada de manera conjunta por la Policía Metropolitana de Tunja, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mediante un procedimiento de extinción de dominio sobre bienes cuyo valor superaría los $2.000 millones.

La medida busca afectar el patrimonio que, según las investigaciones, estaría relacionado con actividades ilícitas y que presuntamente habría servido para fortalecer la capacidad económica de esta estructura.

Siete inmuebles y 22 productos financieros, entre los bienes afectados

De acuerdo con la información publicada por medios regionales, las medidas cautelares comprendieron siete inmuebles ubicados en Boyacá y Antioquia, tres vehículos y seis motocicletas. Además, fueron congelados 22 productos financieros, como parte de la estrategia para limitar el acceso de la organización a los recursos investigados.
Las actuaciones patrimoniales se suman a la captura de seis presuntos integrantes de ‘Los Cobra’, quienes son investigados por posibles delitos de usura, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Según los reportes periodísticos, las autoridades también investigan cobros de intereses excesivos y presuntas intimidaciones contra personas que adquirieron préstamos informales.
La investigación comprende hechos que se habrían presentado desde 2022 y contempla denuncias de personas que acudieron a este tipo de financiación. Las autoridades buscan establecer cómo funcionaba la estructura, cuál habría sido el papel de sus integrantes y qué relación existe entre los bienes intervenidos y las actividades investigadas.

Es importante precisar que la extinción de dominio y las medidas cautelares sobre los bienes corresponden a un procedimiento patrimonial distinto del proceso penal contra los investigados. Por tanto, las actuaciones no deben interpretarse, por sí solas, como una condena penal definitiva.

Con este operativo, las autoridades buscan debilitar la capacidad económica de las redes presuntamente dedicadas al préstamo ilegal de dinero y evitar que los recursos investigados continúen financiando actividades delictivas.