Familia de Miguel Uribe vuelve a señalar a Gustavo Petro

El asesinato del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay volvió al centro del debate político colombiano después de las nuevas declaraciones realizadas por integrantes de su familia. Miguel Uribe Londoño, padre del dirigente asesinado, calificó nuevamente el crimen como un “crimen de Estado” y señaló públicamente al expresidente Gustavo Petro. Sus declaraciones fueron realizadas durante un homenaje a su hijo en Bogotá, donde sostuvo que Petro habría tenido responsabilidad política en lo ocurrido y pidió que se investiguen sus actuaciones y declaraciones previas al atentado.

Las acusaciones fueron más allá de una crítica política. Uribe Londoño afirmó que Petro habría “instigado” el asesinato y sostuvo que el exmandatario conocía quién estaba detrás del crimen. También aseguró que su hijo representaba un obstáculo para determinados intereses políticos del entonces Gobierno. Estas afirmaciones constituyen la posición de la familia y no equivalen a una conclusión judicial. Hasta ahora, no se ha presentado públicamente una prueba que establezca que Gustavo Petro haya ordenado el asesinato o participado directamente en su planificación.

La controversia aumentó el 14 de octubre, cuando María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, pidió a la Fiscalía abrir una nueva línea de investigación para determinar si el asesinato pudo tratarse de un crimen de Estado. Tarazona aseguró haber recibido información y material que apuntaría a una posible conspiración y afirmó que los datos fueron entregados a las autoridades. Según su relato, una de las hipótesis señala que la financiación habría salido de Venezuela y que la orden podría haber surgido desde sectores relacionados con el Congreso.

Tarazona también mencionó posibles conexiones con integrantes del antiguo partido Comunes y con estructuras relacionadas con la extinta guerrilla de las FARC. Sin embargo, estas acusaciones todavía deben ser verificadas. No existe evidencia pública que demuestre que congresistas de Comunes o el Gobierno de Petro hayan participado en el asesinato. La propia información publicada sobre el caso señala que la Fiscalía continúa investigando quiénes fueron los determinadores o autores intelectuales del crimen.

La investigación judicial ya ha establecido responsabilidades en algunos de los niveles inferiores de la cadena criminal. Las autoridades han señalado a integrantes de estructuras armadas como posibles responsables de contratar al grupo que ejecutó el atentado, mientras diferentes personas relacionadas con el ataque han sido capturadas y condenadas. En septiembre, además, las Fuerzas Militares reportaron la muerte en una operación de alias Robinson Gutiérrez, señalado de participar en la financiación y organización del magnicidio y relacionado con la Segunda Marquetalia.

Gustavo Petro, por su parte, ha rechazado los señalamientos y ha defendido las investigaciones realizadas durante su Gobierno. Después de que el actual presidente Abelardo de la Espriella anunciara que buscará identificar a los autores intelectuales del crimen, Petro respondió que el nuevo Gobierno tendría que recorrer el camino investigativo que ya había adelantado su administración y afirmó que podría encontrarse con “muchas sorpresas”.

El caso vuelve así a generar una fuerte confrontación política en Colombia. La familia de Miguel Uribe exige conocer quién ordenó el asesinato y considera insuficientes los avances obtenidos hasta ahora, mientras las autoridades deben determinar qué elementos de las nuevas denuncias pueden convertirse en pruebas judiciales. El principal interrogante sigue siendo quién tomó la decisión de ordenar el atentado y cómo se financió y coordinó la operación. Por ahora, las acusaciones contra Petro permanecen como señalamientos que deberán ser investigados y comprobados por la justicia.