Firmantes del Acuerdo de Paz temen perder ayudas económicas en Colombia

Los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia temen perder parte de las ayudas estatales que respaldan su reincorporación a la vida civil, ante la incertidumbre presupuestaria y las críticas del Gobierno de Abelardo de la Espriella al pacto con las antiguas FARC. La preocupación también alcanza a las víctimas del conflicto que participan en proyectos de reconciliación y generación de ingresos.

Uno de los espacios donde se refleja esta inquietud es la granja Tíbares, situada a aproximadamente una hora y media de Bogotá. Allí, antiguos combatientes, víctimas y miembros de la comunidad trabajan en iniciativas agrícolas y pecuarias para reconstruir sus vidas y evitar que la violencia vuelva a marcar sus trayectorias.

De acuerdo con un reportaje publicado por la agencia EFE el 18 de octubre de 2026, los participantes temen que eventuales recortes presupuestarios debiliten los programas que les permiten sostener sus hogares y avanzar en su proceso de reincorporación.

La renta básica, una ayuda clave para los firmantes

Más de 8.000 firmantes del acuerdo reciben una renta básica mensual equivalente al 90 % de un salario mínimo, administrada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Para quienes todavía no cuentan con ingresos estables, este apoyo representa una fuente esencial de subsistencia.

La ayuda se concibió inicialmente para un periodo de 24 meses, pero su continuidad se ha extendido como parte de las medidas destinadas a facilitar la reincorporación económica y social de quienes dejaron las armas.

Representantes de iniciativas de paz han expresado su preocupación por la financiación de la ARN y por la capacidad del Estado para mantener los programas dirigidos a las personas que siguen vinculadas al proceso. Sin embargo, el temor a perder los apoyos no significa que se haya confirmado la eliminación general de la renta básica.

La incertidumbre sobre el futuro del Acuerdo de Paz

Las inquietudes de los firmantes se producen en un contexto de críticas del actual Gobierno al acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Aunque el Ejecutivo ha cuestionado distintas políticas de la administración anterior, las personas entrevistadas por EFE temen que los cambios presupuestarios terminen afectando los compromisos relacionados con la reincorporación.

En la granja Tíbares, algunos participantes consideran que la continuidad de los recursos resulta determinante para mantener los proyectos productivos y prevenir nuevos desplazamientos. Otros advierten que la falta de oportunidades laborales puede aumentar la vulnerabilidad de quienes dejaron la lucha armada.

El desafío no se limita a la entrega de una transferencia monetaria. También incluye el acceso a empleo, vivienda, seguridad y acompañamiento institucional, condiciones necesarias para consolidar la transición a la vida civil.

Los compromisos estatales y la implementación del acuerdo

El Acuerdo de Paz estableció compromisos de reincorporación para los excombatientes que abandonaron las armas, mientras que distintas entidades públicas desarrollan programas de apoyo económico y social. La ARN es responsable de acompañar esos procesos y coordinar medidas para facilitar la integración de los firmantes.

La continuidad de estos programas es especialmente relevante cuando persisten riesgos de seguridad en varios territorios y algunos excombatientes se ven obligados a abandonar sus lugares de residencia por amenazas de grupos armados.

Por ahora, la preocupación expresada por los participantes de Tíbares refleja incertidumbre sobre la financiación y el rumbo de las políticas de paz, pero no constituye una confirmación de que todas las ayudas vayan a ser suspendidas. La evolución del presupuesto y las decisiones oficiales sobre la reincorporación serán determinantes para establecer el alcance real de los posibles cambios.