Evitan atentado en Nariño tras incautación de 78 explosivos en Chachagüí

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía permitió frustrar una posible acción terrorista en el municipio de Chachagüí, departamento de Nariño. El procedimiento dejó como resultado la captura de una persona y la incautación de 78 artefactos explosivos improvisados que, según las investigaciones preliminares, estarían destinados a cometer un atentado contra el peaje Cano Bajo.

La intervención fue desarrollada por tropas de la Vigésima Tercera Brigada, a través del Batallón de Infantería Liviana No. 9, en coordinación con unidades de la Policía Nacional. Las autoridades lograron detectar el material explosivo antes de que pudiera ser utilizado.

De acuerdo con la información oficial, los elementos incautados correspondían a dispositivos artesanales conocidos como ‘tatucos’, transportados en un vehículo particular. También fueron decomisados dos medios de lanzamiento tipo cilindro y el automotor que presuntamente sería utilizado para facilitar la acción violenta.

Investigan posibles vínculos con grupos armados ilegales

Según las primeras indagaciones, el capturado sería un presunto integrante de una estructura armada ilegal relacionada con las disidencias de las Farc. Las autoridades investigan su posible participación en la preparación del atentado y buscan establecer si existen otras personas involucradas.

La posible ejecución de este ataque habría representado un grave peligro para los habitantes de la zona, los trabajadores del peaje y los cientos de conductores que diariamente utilizan la vía Panamericana para desplazarse entre Pasto y Popayán.

Este corredor es fundamental para el transporte de pasajeros, el comercio y la conexión entre diferentes municipios del suroccidente colombiano, por lo que cualquier amenaza contra su infraestructura genera preocupación regional.

Finalmente, el Ejército Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones coordinadas con la Policía para anticipar acciones de grupos armados ilegales y proteger a la población civil. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes.