Disturbios podrían llevar a prisión
Disturbios en Ibagué podrían derivar en penas de prisión, según los delitos que se logren probar.
Las personas que resulten condenadas por los disturbios registrados en Ibagué podrían enfrentar penas de prisión de hasta nueve años, según explicó David Alexander Palacio, abogado penalista y criminólogo. La eventual sanción dependerá de los delitos que logren demostrarse, las circunstancias de los hechos y las pruebas que recopile la Fiscalía durante la investigación.
Entre las conductas que podrían ser materia de investigación se encuentran la violencia contra servidor público y el daño en bien ajeno. La aplicación de estos delitos dependerá de las actuaciones individuales que se logren establecer y de los elementos probatorios que permitan determinar si se cumplen los requisitos previstos en la legislación penal colombiana.
Otra conducta que podría examinarse es el concierto para delinquir, siempre que las autoridades encuentren evidencias suficientes de un acuerdo entre varias personas para cometer delitos. Su posible consideración no implica que esta figura ya haya sido atribuida formalmente a los involucrados ni que exista una conclusión judicial sobre los hechos.
El análisis de las responsabilidades deberá distinguir la participación de cada persona durante los disturbios. Para avanzar hacia una eventual condena, la Fiscalía tendrá que sustentar las acusaciones con pruebas y presentarlas ante la autoridad judicial competente, que será la encargada de valorar los elementos del expediente.
En el marco del proceso, dos personas capturadas recuperaron la libertad. Sin embargo, esa decisión no significa necesariamente que la investigación haya terminado o que los involucrados hayan sido declarados inocentes, pues, según la información suministrada, ambos continúan vinculados al proceso judicial.
La situación jurídica de los investigados deberá definirse conforme avance el procedimiento y se examinen las pruebas. Cualquier pena dependerá de una eventual condena y de los delitos que se acrediten, con respeto por la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso.
