Deicy Jiménez acusa a Gustavo Petro de recibir favores sexuales a cambio de contratos
Deicy Jiménez acusó a Gustavo Petro de ofrecer contratos a cambio de sexo y habló de una supuesta red de 40 mujeres; sus señalamientos deben investigarse ahora.
Una entrevista publicada por la revista SEMANA y realizada por la periodista Vicky Dávila desató una nueva controversia política en Colombia. Deicy Jiménez, una mujer que asegura haber mantenido una relación íntima con el expresidente Gustavo Petro, afirmó que habría recibido contratos públicos a cambio de encuentros sexuales y señaló la existencia de una supuesta red integrada por entre 30 y 40 mujeres.
Durante la conversación, Dávila le preguntó directamente si había mantenido relaciones sexuales con Petro a cambio de contratos. Jiménez respondió afirmativamente y sostuvo que otras mujeres también habrían participado en situaciones similares. Sus declaraciones constituyen acusaciones que deben ser verificadas y no equivalen, por sí mismas, a hechos judicialmente probados.
La denunciante aseguró que decidió hablar porque considera que durante el Gobierno de Petro se habrían presentado posibles abusos de poder relacionados con la contratación pública. Según su versión, los vínculos laborales habrían servido para mantener bajo reserva las relaciones personales y evitar que las involucradas revelaran información.
La denunciante habla de una supuesta red de 40 mujeres
En la entrevista, Jiménez afirmó que la cantidad de mujeres involucradas podría estar entre 30 y 40. Según su relato, algunas habrían tenido contratos en distintas entidades estatales y mantenido relaciones personales con el entonces mandatario.
La mujer también aseguró que algunas de ellas habrían amenazado con revelar información que consideraban delicada. Al ser consultada por Dávila sobre lo que supuestamente sabían, respondió: “Todas sabemos mucho”.
Estas afirmaciones han generado preguntas sobre la posible utilización de recursos públicos y los mecanismos de contratación durante la administración anterior. Sin embargo, la existencia de la supuesta red, las circunstancias descritas y la relación entre los contratos y los encuentros íntimos requieren pruebas independientes y una investigación rigurosa.
¿Qué se conoce sobre los contratos mencionados?
Jiménez manifestó que conoció a Petro en 2019 y que posteriormente habría tenido vínculos contractuales con entidades públicas. Durante la conversación mencionó el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
Una revisión publicada por La Silla Vacía señaló que los registros consultados muestran contratos de Jiménez con entidades públicas desde 2023, entre ellas el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior. Este dato permite examinar una parte de su trayectoria contractual, pero no demuestra por sí mismo que los contratos se hubieran entregado a cambio de relaciones sexuales.
Para establecer si existieron irregularidades sería necesario verificar las condiciones de cada contratación, las personas que intervinieron en los procesos, los objetos contractuales y las pruebas que puedan respaldar las acusaciones.
Las denuncias generan repercusiones políticas
La publicación ha provocado reacciones en distintos sectores políticos y en las redes sociales, donde se discute tanto el contenido de las declaraciones como la responsabilidad de los medios al difundir denuncias de esta naturaleza.
El caso plantea interrogantes sobre un posible uso indebido del poder, la contratación estatal y la protección de las personas que aseguran tener información relevante. También exige distinguir entre las afirmaciones de una denunciante, los documentos que puedan corroborarlas y las conclusiones que eventualmente establezcan las autoridades.
Hasta que se realicen las verificaciones correspondientes, los señalamientos contra Petro deben tratarse como acusaciones pendientes de esclarecimiento. La gravedad de lo denunciado hace necesario que cualquier investigación se adelante con independencia, rigor y respeto por el debido proceso.
La discusión ahora se centra en determinar si existen elementos suficientes para que las autoridades examinen las afirmaciones y establezcan si hubo alguna irregularidad en los contratos mencionados.
Fuente: La Silla Vacía
