Defensoría advierte riesgos de violencia y desplazamiento en Ricaurte y Mallama
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por los riesgos que enfrentan las comunidades indígenas y campesinas de Ricaurte y Mallama, Nariño.
NARIÑO. Una nueva advertencia sobre la situación de orden público en el departamento de Nariño encendió las alarmas de las autoridades y de las comunidades del Piedemonte Costero. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 025 de 2026, mediante la cual advierte sobre los riesgos de violencia que podrían afectar a los habitantes de los municipios de Ricaurte y Mallama.
La alerta, publicada el 26 de octubre de 2026, identifica diferentes factores que podrían agravar las condiciones de seguridad en estos territorios, especialmente por la presencia y las disputas de grupos armados ilegales que buscan mantener o ampliar su influencia sobre corredores estratégicos y economías ilícitas.
La advertencia institucional pone especial atención en las comunidades indígenas Awá y Los Pastos, así como en las familias campesinas, líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz, comerciantes y transportadores que desarrollan sus actividades en esta zona del departamento.
Grupos armados y economías ilegales, entre los principales factores de riesgo
Según el análisis de la Defensoría del Pueblo, las dinámicas de los grupos armados ilegales representan una amenaza para la tranquilidad de la población civil. Entre los factores identificados se encuentran las disputas por el control territorial, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el dominio de rutas estratégicas hacia la frontera con Ecuador.
Estas condiciones pueden incrementar la vulnerabilidad de las comunidades y generar escenarios de intimidación, restricciones a la movilidad, desplazamiento forzado y otras afectaciones a los derechos fundamentales.
Uno de los puntos que más preocupa a la institución es la exposición de niñas, niños y adolescentes al posible reclutamiento y utilización por parte de estructuras armadas ilegales. Esta situación requiere acciones preventivas y una respuesta coordinada de las autoridades para garantizar la protección de la población menor de edad.
Antecedentes de violencia preocupan a las comunidades
La Defensoría también tuvo en cuenta antecedentes de violencia registrados en esta región de Nariño, incluidos homicidios, amenazas y hechos que han afectado a líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.
Entre los acontecimientos mencionados se encuentran hechos violentos registrados en el resguardo Edén Cartagena, en Ricaurte, y en la vereda Chucunés, en Mallama.
Asimismo, la entidad recordó un grave episodio ocurrido en agosto de 2025, cuando una ambulancia fue interceptada por hombres armados y el paciente que era trasladado fue asesinado. Este antecedente refleja los riesgos que pueden enfrentar incluso las personas que requieren atención médica y los equipos encargados de prestar servicios de salud en zonas rurales.
A estas preocupaciones se suma la posible presencia de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, elementos que representan un peligro para quienes transitan por caminos y territorios rurales.
Defensoría formuló 29 recomendaciones
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo estableció 29 recomendaciones dirigidas a diferentes instituciones del Estado, con el propósito de prevenir hechos violentos y fortalecer la protección de las comunidades.
Las medidas buscan mejorar la coordinación entre las autoridades, garantizar atención oportuna a las poblaciones en riesgo, proteger a los líderes sociales y fortalecer las acciones de prevención frente al desplazamiento, las amenazas y el reclutamiento de menores de edad.
La institución también plantea la importancia de brindar acompañamiento a las comunidades indígenas y campesinas, teniendo en cuenta sus condiciones territoriales y las necesidades particulares de protección.
Comunidades esperan respuestas de las autoridades
La alerta representa un llamado urgente para las autoridades nacionales, departamentales y municipales, que deberán avanzar en acciones concretas para evitar que los riesgos identificados se conviertan en nuevas tragedias para la población civil.
Ricaurte y Mallama son municipios de importancia estratégica para el departamento de Nariño, por lo que la protección de sus habitantes requiere una intervención integral que combine seguridad, prevención, inversión social y presencia institucional.
La preocupación principal está relacionada con la posibilidad de que las comunidades terminen enfrentando nuevas amenazas, restricciones a la movilidad o desplazamientos como consecuencia de las disputas armadas.
La Defensoría del Pueblo insiste en que las recomendaciones deben ser atendidas oportunamente. El objetivo es evitar nuevas vulneraciones de derechos humanos y garantizar que las familias puedan permanecer en sus territorios sin temor a la violencia.
La situación mantiene la atención sobre el Piedemonte Costero nariñense, donde las comunidades esperan que las advertencias institucionales se traduzcan en medidas efectivas de protección y garantías de seguridad.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Colombia
