De Gaitán, a Pizarro y Uribe: los magnicidios que marcaron el país

Colombia tiene una historia marcada por el asesinato de líderes políticos y candidatos presidenciales. 

Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro Leongómez y, más recientemente, Miguel Uribe Turbay fueron víctimas de una violencia que golpeó distintos momentos de la democracia colombiana. A estos casos se suma el exterminio de la Unión Patriótica, una persecución contra miles de militantes y dirigentes que dejó profundas heridas en el país.

La controversia por la orden atribuida al presidente Abelardo de la Espriella de retirar imágenes y obras relacionadas con Carlos Pizarro de espacios públicos del Gobierno volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre cómo Colombia recuerda su pasado. 

Jorge Eliécer Gaitán: el crimen que estremeció a Colombia

El 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en Bogotá cuando salía de su oficina. El dirigente liberal, reconocido por sus discursos contra las desigualdades sociales y su conexión con amplios sectores populares, se había convertido en una de las figuras más influyentes de la política nacional.

Su asesinato ocurrió en un momento de profunda confrontación entre liberales y conservadores. Gaitán encabezaba una corriente popular que buscaba disputar el poder político y representaba para sus seguidores la posibilidad de transformar las relaciones entre el Estado y los sectores históricamente marginados.

La noticia de su muerte provocó una explosión de violencia en la capital. Multitudes salieron a las calles, se produjeron incendios, saqueos y enfrentamientos, y el país quedó marcado por el episodio conocido como el Bogotazo.

El impacto superó las fronteras de Bogotá. El magnicidio se convirtió en un punto de referencia de la historia contemporánea colombiana y profundizó una crisis política que ya estaba atravesada por la violencia partidista.

La muerte de Gaitán no solo acabó con la vida de un dirigente. También truncó un proyecto político que movilizaba a miles de colombianos y dejó una huella duradera en la relación entre ciudadanía, poder y violencia.

Luis Carlos Galán: una campaña silenciada por el narcotráfico

El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán Sarmiento fue asesinado durante un acto político en Soacha, Cundinamarca, cuando se preparaba para dirigirse a sus seguidores. El dirigente del Nuevo Liberalismo era uno de los principales aspirantes a la Presidencia para las elecciones de 1990.

Galán había construido su carrera alrededor de la renovación política, la lucha contra la corrupción y una posición frontal frente al narcotráfico. Su defensa de la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos lo enfrentó con intereses criminales que buscaban impedir que esa política avanzara.

El asesinato ocurrió ante una multitud y se convirtió en uno de los episodios más dolorosos de la violencia política de finales de los años ochenta. La investigación estableció la participación de estructuras criminales vinculadas al cartel de Medellín en el magnicidio.

Su muerte también expuso la capacidad de las organizaciones narcotraficantes para atacar las instituciones y amenazar a quienes defendían decisiones contrarias a sus intereses.

Galán no llegó a competir en las elecciones presidenciales de 1990. Su asesinato dejó una herida en el Partido Liberal y en los ciudadanos que veían en su candidatura una alternativa frente a la corrupción y el poder de las mafias.

Más de tres décadas después, su nombre continúa asociado a la lucha contra el narcotráfico y a una de las preguntas centrales de la historia política colombiana: cuánto puede resistir una democracia cuando los intereses criminales intentan decidir quién puede gobernar.

La Unión Patriótica: un partido perseguido hasta el exterminio

La historia de la Unión Patriótica representa uno de los capítulos más graves de violencia política en Colombia. El movimiento surgió en 1985, en el contexto de los acercamientos de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y las FARC, como una alternativa para llevar a antiguos combatientes y otros sectores de izquierda a la participación electoral.

Sin embargo, sus integrantes comenzaron a ser víctimas de amenazas, desapariciones y asesinatos. La violencia alcanzó a dirigentes nacionales, representantes elegidos por voto popular, candidatos y militantes de distintas regiones.

Entre sus víctimas estuvieron dos aspirantes presidenciales: Jaime Pardo Leal, asesinado el 11 de octubre de 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, quien murió el 22 de marzo de 1990.

Pardo Leal había sido candidato presidencial en 1986 y se convirtió en una de las figuras más visibles de la oposición de izquierda. Su asesinato evidenció el peligro que enfrentaban los dirigentes de la UP, cuya presencia política crecía en diferentes territorios.

Jaramillo Ossa asumió el liderazgo del movimiento después de ese crimen y buscó mantener su proyecto político en medio de la persecución. También fue asesinado mientras aspiraba a la Presidencia, cuando la organización ya había sufrido una devastadora ola de violencia.

La Comisión de la Verdad concluyó que contra la Unión Patriótica se cometió un genocidio político, orientado a eliminar a la organización por su identidad, ideología y actividad política. La violencia no se limitó a sus dos candidatos presidenciales: alcanzó a miles de integrantes y simpatizantes, además de representantes elegidos en diferentes niveles del Estado.

El exterminio de la UP dejó consecuencias que trascendieron la pérdida de sus dirigentes. También destruyó proyectos comunitarios, debilitó la representación de sectores de izquierda y sembró temor entre quienes pretendían participar en la vida pública.

Este capítulo recuerda que la violencia política no siempre se dirige contra una sola figura. En ocasiones, busca eliminar toda una alternativa, cerrar espacios democráticos y evitar que determinados sectores tengan posibilidades reales de disputar el poder.

Carlos Pizarro: de las armas a la candidatura presidencial

Carlos Pizarro Leongómez fue uno de los principales dirigentes del Movimiento 19 de Abril (M-19). Después de años de confrontación armada, participó en el proceso que condujo a la desmovilización del grupo y a su transformación en una fuerza política legal.

El acuerdo de paz y la dejación de armas en marzo de 1990 abrieron una nueva etapa en su trayectoria. Pizarro se convirtió en candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19 y comenzó a recorrer el camino electoral en un país donde la violencia seguía amenazando a los dirigentes políticos.

El 26 de abril de 1990 fue asesinado durante un vuelo comercial que cubría la ruta entre Bogotá y Barranquilla. El crimen ocurrió apenas semanas después de su incorporación a la competencia presidencial como dirigente de un movimiento que había abandonado la lucha armada.

Su muerte golpeó el proceso de apertura política y se sumó a los asesinatos de otros candidatos durante el mismo periodo. La investigación judicial estableció responsabilidades de integrantes de estructuras paramilitares y también identificó la participación de un agente del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En agosto de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que había sometido el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar, entre otros aspectos, las fallas estatales para prevenir el asesinato pese al riesgo conocido y las dificultades para esclarecer plenamente los hechos.

El nombre de Pizarro volvió al centro de la discusión pública en octubre de 2026, después de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara retirar de espacios del Gobierno imágenes y elementos relacionados con el excomandante del M-19. La decisión reabrió el debate sobre la diferencia entre hacer memoria histórica, reconocer a las víctimas y exaltar a protagonistas de la confrontación armada.

Miguel Uribe Turbay: un magnicidio en el siglo XXI

El asesinato de Miguel Uribe Turbay volvió a estremecer a Colombia en 2025. El senador y precandidato presidencial fue atacado con arma de fuego el 7 de junio durante una actividad política en Bogotá y murió el 11 de agosto, después de permanecer hospitalizado por las heridas sufridas.

Su caso devolvió al centro de la discusión nacional la seguridad de quienes participan en la competencia electoral. También provocó reacciones de dirigentes de distintos sectores, que recordaron los magnicidios de finales del siglo XX y reclamaron garantías para el ejercicio de la política.

La investigación judicial se ha concentrado en esclarecer las circunstancias del atentado y determinar las responsabilidades de quienes lo planearon y ejecutaron. En octubre de 2026, su viuda, María Claudia Tarazona, pidió a la Fiscalía explorar nuevas líneas de investigación sobre posibles responsables intelectuales. Esas hipótesis deben distinguirse de los hechos probados judicialmente.

El crimen contra Uribe Turbay ocurrió en un contexto diferente al de Gaitán, Galán o Pizarro, pero volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de los dirigentes políticos frente a la violencia armada.

Su muerte también dejó a su familia en una búsqueda de respuestas y reavivó el reclamo de que las investigaciones no se limiten a identificar a los autores materiales, sino que permitan establecer quiénes estuvieron detrás del atentado.

Una deuda pendiente con la democracia

Los asesinatos de Gaitán, Galán, Pardo Leal, Jaramillo Ossa, Pizarro y Miguel Uribe Turbay ocurrieron en épocas distintas y bajo circunstancias que no pueden reducirse a una sola explicación. Sin embargo, todos forman parte de una historia en la que la violencia ha interferido de manera brutal en la participación política.

El exterminio de la Unión Patriótica amplía esa reflexión: la amenaza no solo recayó sobre candidatos presidenciales, sino sobre una organización política entera y miles de personas que intentaron ejercer sus derechos.

Recordar estos casos exige diferenciar las responsabilidades de cada actor, reconocer los avances judiciales y señalar las preguntas que siguen abiertas. También implica entender que la memoria histórica no consiste en borrar las contradicciones de los protagonistas, sino en examinar sus decisiones, los crímenes cometidos y las consecuencias para la sociedad.

Colombia ha perdido dirigentes, proyectos políticos y generaciones de militantes en medio de la violencia. La tarea pendiente sigue siendo garantizar que las diferencias ideológicas se resuelvan en las urnas, que la oposición pueda participar sin miedo y que ningún ciudadano tenga que pagar con su vida por aspirar a gobernar.