Corte Suprema ratifica el juicio a seis congresistas por el caso UNGRD

La Corte Suprema de Justicia de Colombia dejó en firme el llamado a juicio de seis integrantes de la Comisión de Crédito Público del Congreso, investigados por su presunta participación en un esquema de intercambio de votos legislativos por contratos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión, conocida el 17 de octubre de 2026, supone un nuevo avance en uno de los principales procesos judiciales por presunta corrupción vinculados con la entidad.

Los congresistas señalados son Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique. La Sala de Primera Instancia rechazó varias solicitudes presentadas por las defensas para anular o frenar el proceso, por lo que los acusados deberán responder ante la justicia en la etapa de juzgamiento.

La decisión consta de 667 páginas y fue elaborada por la magistrada Paula Andrea Ramírez. El proceso se centra en el presunto delito de cohecho impropio, relacionado con la supuesta aceptación de beneficios a cambio de realizar actuaciones propias de sus funciones públicas.

¿Qué investiga la Corte Suprema en el caso UNGRD?

La investigación se remonta al segundo semestre de 2023, cuando los seis políticos integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, encargada de emitir conceptos sobre operaciones de crédito de la Nación ante entidades financieras internacionales.

Según la hipótesis judicial, los congresistas habrían recibido ofrecimientos de contratos de obra pública y de interventoría a cambio de respaldar operaciones de crédito que interesaban al Ministerio de Hacienda. Los proyectos mencionados en el expediente estaban ubicados en Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca; y El Carmen de Bolívar, Bolívar.

Entre los elementos probatorios figuran testimonios de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, además de mensajes y documentos incorporados a la investigación. Las defensas han cuestionado distintos elementos del expediente y han sostenido que algunas de las gestiones señaladas correspondían al ejercicio de la actividad parlamentaria.

¿Quiénes son los congresistas llamados a juicio?

Los seis procesados son Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz. La Corte había formalizado la acusación por presunto cohecho impropio en marzo de 2026.

En esa etapa, el alto tribunal impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Manzur y Manrique, mientras que los otros cuatro procesados continuaron en libertad. Las medidas de aseguramiento son independientes de la decisión sobre la responsabilidad penal de los acusados.

El avance a juicio permitirá que las partes presenten y controviertan las pruebas ante la Sala de Primera Instancia. La decisión de mantener el proceso no equivale a una condena ni significa que la culpabilidad de los investigados haya quedado demostrada.

Qué sigue en el proceso judicial

Con los recursos de las defensas rechazados, el caso entra en una etapa en la que se debatirán las pruebas sobre el supuesto intercambio de apoyos legislativos por contratos públicos. La actuación de la Corte será determinante para establecer si los hechos descritos en la acusación configuran el delito imputado.

El expediente también involucra presuntas gestiones de funcionarios del Ministerio de Hacienda durante la administración anterior. Las responsabilidades de cada persona deberán establecerse individualmente dentro de los procedimientos correspondientes, con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.