Corte Suprema ordena investigar contratos en el Senado por escándalo de los ‘sexocontratos
Un nuevo capítulo se abrió en el polémico caso de los llamados ‘sexocontratos’ en Colombia.
La Corte Suprema de Justicia ordenó realizar diligencias de investigación en la Secretaría General del Senado de la República, con el propósito de recopilar documentos y verificar los contratos que tuvo Deicy Jiménez durante su paso por el Congreso. La decisión busca esclarecer las denuncias sobre un presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales.
La investigación está relacionada con los señalamientos realizados por Deicy Jiménez, quien ha mencionado al expresidente Gustavo Petro y a la excongresista María José Pizarro en sus denuncias. Según su versión, habría existido un supuesto esquema en el que mujeres recibían oportunidades laborales y contratos con entidades públicas a cambio de favores sexuales. Sin embargo, estos señalamientos todavía deben ser comprobados por las autoridades judiciales.
Como parte de las primeras actuaciones, la Sala de Instrucción ordenó verificar los registros contractuales de Jiménez en el Senado, con el fin de establecer las condiciones en las que fueron celebrados los acuerdos y determinar si existen documentos que permitan respaldar o descartar las acusaciones. La diligencia fue ordenada por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado.
Otro elemento importante dentro del proceso es el teléfono celular de la denunciante. Jiménez manifestó su voluntad de entregar el dispositivo para que las autoridades realizaran una extracción técnica de la información. El procedimiento busca recuperar conversaciones, fotografías, videos y otros archivos que puedan aportar elementos relevantes para la investigación.
Por su parte, el expresidente Gustavo Petro rechazó los señalamientos y aseguró que nunca utilizó contratos del Estado para obtener favores personales. También cuestionó la difusión de un video presentado por Jiménez, al señalar que su contenido no habría sido sometido a una verificación pericial que permita establecer cuándo y dónde fue grabado.
Las actuaciones de la Corte Suprema representan un nuevo avance en uno de los escándalos políticos que ha generado mayor controversia en el país. Ahora, las autoridades tendrán la tarea de revisar las pruebas, escuchar a los involucrados y determinar si existieron irregularidades en la contratación pública o responsabilidades penales.
