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Corte Suprema condenó a 70 meses de prisión a exfiscal que ordenó interceptar ilegalmente

Corte Suprema de Justicia condenó a una exfiscal de Pereira por ordenar interceptaciones telefónicas ilegales contra dos fiscales que investigaban

Por Nancy MoreanoRedacción EXTRA
⏱ 3 min de lectura
Corte Suprema condenó a 70 meses de prisión a exfiscal que ordenó interceptar ilegalmente
Imagen de portada · Grupo Editorial Central

BOGOTÁ. Una decisión de la Corte Suprema de Justicia sacudió el panorama judicial colombiano luego de que la Sala de Casación Penal condenara a 70 meses de prisión a una exfiscal de Pereira que ordenó interceptar ilegalmente las comunicaciones telefónicas de dos compañeros de la Fiscalía General de la Nación.

La funcionaria condenada es María Eugenia Taborda Franco, quien para la época de los hechos se desempeñaba como fiscal de la Unidad Regional Antinarcóticos de Pereira, en el departamento de Risaralda.
De acuerdo con el pronunciamiento del alto tribunal, los hechos se remontan a 2019, cuando la entonces funcionaria ordenó intervenir dos líneas telefónicas con fundamento en información atribuida a una supuesta fuente humana no formal. Según esa información, dos funcionarios de la Fiscalía estarían entregando datos reservados a integrantes de la organización criminal conocida como Cordillera.
Sin embargo, las líneas intervenidas pertenecían a dos fiscales que adelantaban investigaciones contra estructuras delincuenciales de la región. La Corte encontró que la funcionaria conocía la identidad de los titulares de los números telefónicos y, aun así, permitió que se desarrollara el procedimiento sin contar con una orden constitucionalmente válida.

Las irregularidades que llevaron a la condena

Durante el estudio del expediente, los magistrados encontraron inconsistencias en la información utilizada para justificar las interceptaciones. Entre ellas, se estableció que la fiscal presentó datos que modificaban aspectos esenciales de la investigación, como el delito que se pretendía investigar y la identidad de las personas relacionadas con las líneas telefónicas.
La Sala de Casación Penal concluyó que esas actuaciones no correspondían a simples errores administrativos, sino que configuraban conductas penalmente relevantes.
Por estos hechos, la Corte la declaró responsable de los delitos de prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones.
La decisión revocó parcialmente el fallo absolutorio que había emitido el Tribunal Superior de Pereira el 15 de agosto de 2025, después de que la Fiscalía y los representantes de las víctimas apelaran la determinación.

La Corte negó beneficios de prisión

Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es que la Sala de Casación Penal le negó a la condenada la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la posibilidad de cumplirla mediante prisión domiciliaria.
De esta manera, la sentencia establece una condena de 70 meses de prisión por las conductas acreditadas durante el proceso.
No obstante, el alto tribunal mantuvo algunas absoluciones relacionadas con otros cargos, debido a que no encontró pruebas suficientes para establecer la responsabilidad penal de la funcionaria en esos hechos específicos.
También ordenaron investigar otras posibles irregularidades
La Corte Suprema dispuso compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue por qué las dos líneas telefónicas continuaron activas en el sistema de monitoreo después del 12 de abril de 2019, pese a que existía una orden para cancelar las interceptaciones.
Este punto abre otro capítulo de interés para las autoridades, pues busca establecer qué ocurrió con el cumplimiento de la orden de cancelación y si hubo responsabilidades adicionales.
El caso se convierte en un pronunciamiento importante sobre los límites de las facultades investigativas de los funcionarios judiciales y la obligación de respetar los derechos fundamentales.
La decisión deja un mensaje institucional: ningún funcionario está por encima de la Constitución y las herramientas utilizadas para combatir la criminalidad deben estar respaldadas por procedimientos legales.

Fuente: Corte Suprema de Justicia de Colombia. Comunicado oficial del 17 de noviembre de 2026. Sentencia SP598-2026, radicación 70393.