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JEP imputa a 18 exintegrantes de la fuerza pública por violencia sexual

La Jurisdicción Especial para la Paz investiga 565 hechos de violencia sexual y basada en género que habrían afectado a cientos de personas durante el conflicto

Por Nancy MoreanoRedacción EXTRA
⏱ 2 min de lectura
JEP imputa a 18 exintegrantes de la fuerza pública por violencia sexual
Imagen de portada · Grupo Editorial Central
La JEP identificó patrones de violencia contra la población civil

Dentro de las investigaciones, la jurisdicción identificó patrones relacionados con agresiones contra personas señaladas de colaborar supuestamente con grupos guerrilleros, así como actos de violencia utilizados para intimidar, castigar y ejercer control sobre las comunidades.

Los hechos investigados habrían ocurrido en diferentes regiones del país, entre ellas Putumayo, Arauca, Boyacá y Meta.
La investigación busca establecer cómo se produjeron estos acontecimientos, quiénes participaron y cuáles fueron las responsabilidades individuales dentro de las estructuras involucradas.
Los comparecientes deberán responder ante la justicia
Después de la imputación, los 18 antiguos integrantes de la fuerza pública tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre los señalamientos formulados por la JEP.
Podrán reconocer total o parcialmente su responsabilidad o rechazar los cargos. En caso de no reconocerlos, el procedimiento podrá continuar por la ruta adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación, conforme a las reglas de la justicia transicional.

La decisión también representa un paso importante para las víctimas que durante años han esperado respuestas institucionales, reconocimiento de los hechos y garantías de no repetición.

Un proceso que busca verdad y reparación

La violencia sexual durante el conflicto armado colombiano constituye una de las expresiones más graves de vulneración de los derechos humanos. Por esta razón, el esclarecimiento de estos hechos es fundamental para avanzar en la construcción de memoria histórica y en la búsqueda de justicia.
La JEP deberá continuar con el desarrollo del proceso, garantizando los derechos de las víctimas y el debido proceso de las personas señaladas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que los crímenes cometidos durante el conflicto armado sean investigados con rigor y que las víctimas reciban respuestas efectivas del Estado.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), comunicado oficial del 17 de noviembre de 2026.

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