Contratos de energía solar en Colombia generan dudas por posibles sobrecostos y retrasos
Una investigación encontró diferencias de precios en 60.221 paneles solares contratados para beneficiar a más de 28.000 hogares en Colombia.
Millonaria inversión en energía solar bajo cuestionamiento
Uno de los proyectos más importantes de transición energética impulsados durante el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta cuestionamientos por los costos de adquisición de los equipos y los retrasos en su ejecución. La iniciativa, que busca llevar electricidad a miles de familias colombianas mediante sistemas solares, contempla una inversión de $914.000 millones.
A finales de 2025, el Ministerio de Minas y Energía suscribió 17 contratos con las empresas públicas Gensa, Dispac y Electrocaquetá para desarrollar 2.274 comunidades energéticas en diferentes regiones del país. El propósito era beneficiar a 28.544 hogares mediante la instalación de paneles solares, baterías y otros componentes que permitieran garantizar el suministro eléctrico durante las 24 horas.
Sin embargo, una investigación publicada por El Espectador encontró diferencias considerables en los valores presupuestados para adquirir los equipos. Al revisar los documentos disponibles en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), el medio identificó que algunos paneles de una misma capacidad fueron cotizados con diferencias superiores a los $276.000 por unidad.
Uno de los casos más llamativos corresponde a los módulos solares de 550 vatios, cuyos precios aparecen entre $505.469 y $782.383 en proyectos ejecutados por Electrocaquetá. Esta variación representa una diferencia de varios miles de millones de pesos cuando se proyecta la compra de miles de unidades.
La investigación también comparó los valores establecidos en los contratos con referencias de comercializadores y organizaciones especializadas en el seguimiento del mercado energético. Según esos datos, los precios presupuestados en algunos proyectos estarían por encima de los valores habituales de comercialización, con diferencias que podrían superar los $10.000 millones en el conjunto de las adquisiciones analizadas.
El Gobierno defiende los costos de los proyectos
Frente a los cuestionamientos, el Ministerio de Minas y Energía explicó que los contratos fueron estructurados teniendo en cuenta las condiciones económicas, técnicas y operativas existentes durante 2025. También señaló que deben considerarse factores como las tasas de cambio, los costos logísticos y las condiciones particulares de instalación en zonas rurales.
La cartera aseguró que hasta el momento no ha identificado hallazgos relacionados con posibles sobrecostos y manifestó que los contratos continúan bajo supervisión y revisión.
Por su parte, algunos antiguos funcionarios del sector energético defendieron la metodología utilizada para calcular la inversión. Argumentaron que los proyectos deben evaluarse por el costo total de cada solución instalada en los hogares, teniendo en cuenta que no solamente se compran paneles solares, sino también baterías, inversores, estructuras, transporte, instalación y acompañamiento técnico.
Retrasos en la ejecución aumentan las preocupaciones
A las diferencias económicas se suma el incumplimiento de los cronogramas inicialmente establecidos. Los proyectos debían estar terminados el 31 de julio de 2026, pero la mayoría registraba avances inferiores al 50 %, por lo que los contratistas solicitaron ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre.
Entre las principales dificultades mencionadas se encuentran los problemas de transporte hacia zonas apartadas, los procesos de consulta previa y las demoras en la importación de los equipos necesarios para las instalaciones.
El caso abre interrogantes sobre la planeación, la supervisión y el manejo de los recursos públicos destinados a la transición energética. Aunque las diferencias encontradas no demuestran por sí solas la existencia de irregularidades, sí hacen necesario revisar los presupuestos y verificar que los valores pagados correspondan a las condiciones reales del mercado.
El principal desafío será garantizar que los recursos invertidos se traduzcan en soluciones efectivas para las comunidades que todavía tienen dificultades para acceder a un servicio eléctrico continuo y de calidad.
