Contraloría detectó $6.899 millones en hallazgos fiscales en Educación de Bogotá

La Contraloría de Bogotá identificó 17 hallazgos con incidencia fiscal por $6.899 millones en el sector educativo de la capital. Las irregularidades detectadas durante cuatro auditorías involucran a la Secretaría de Educación del Distrito, encabezada por Isabel Segovia Ospina, y a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entre los casos aparecen pagos sin soportes suficientes, problemas en obras escolares y fallas en el recaudo de recursos pensionales.

Secretaría de Educación concentra $3.143 millones

Según el informe del organismo de control, diez hallazgos corresponden a la Secretaría de Educación y suman $3.143 millones. Los otros siete fueron identificados en la Universidad Distrital, con una cuantía de $3.756 millones.

En el caso de la Secretaría, uno de los hallazgos más relevantes supera los $849 millones y está relacionado con la construcción de la Institución Educativa Cardenal Luque, ubicada en la localidad de Engativá.

La Contraloría señaló deficiencias en la planeación, los estudios y los diseños del proyecto, que habrían provocado ajustes en la cimentación y pagos adicionales durante la ejecución de las obras.

La mención de Isabel Segovia corresponde a su condición de secretaria de Educación de Bogotá. El informe citado no la identifica personalmente como responsable de los hallazgos fiscales.

Universidad Distrital, bajo revisión

En la Universidad Distrital, las auditorías identificaron un caso relacionado con un convenio interadministrativo suscrito con la Alcaldía Local de Kennedy. De acuerdo con la Contraloría, se encontraron pagos superiores a $1.430 millones que no contaban con los soportes documentales requeridos.

Otro hallazgo, superior a $829 millones, está relacionado con deficiencias en el recaudo oportuno de cuotas partes pensionales por cobrar. El balance también incluye revisiones sobre contratación del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital (IDEXUD) y asuntos vinculados con educación inclusiva.

La Contraloría recordó que los hallazgos con incidencia fiscal no representan por sí solos una declaración definitiva de responsabilidad. Las actuaciones correspondientes deberán establecer si hubo daño al patrimonio público y determinar quiénes, si corresponde, deben responder.

El organismo de control indicó que continuará vigilando los recursos destinados a la educación en Bogotá. Además, mencionó un fallo de segunda instancia superior a $30.000 millones relacionado con el manejo de recursos de la Universidad Distrital entre 2012 y 2019, un proceso diferente de los hallazgos anunciados.