Condenan a obispo polaco por no denunciar abusos sexuales contra menores
Andrzej Jeż recibió una condena por retrasar la denuncia de abusos atribuidos a dos sacerdotes de su diócesis. El fallo puede ser apelado.
El obispo polaco Andrzej Jeż fue condenado este jueves 29 de octubre de 2026 por no informar oportunamente a las autoridades sobre denuncias de abusos sexuales contra menores presuntamente cometidos por dos sacerdotes de la diócesis de Tarnów, en el sur de Polonia. La decisión judicial representa un precedente en el país, al tratarse de uno de los primeros procesos penales de este tipo contra un alto representante de la Iglesia católica.
El Tribunal de Distrito de Tarnów le impuso dos años de restricción de libertad, una sanción que contempla la entrega del 25 % de sus ingresos mensuales a una organización dedicada a apoyar a víctimas de abuso sexual infantil. Además, deberá realizar un pago al Fondo de Asistencia a las Víctimas y Ayuda Pospenitenciaria. El fallo todavía no es definitivo.
Los antecedentes de las denuncias contra los sacerdotes
El proceso judicial está relacionado con dos sacerdotes identificados por las autoridades como Stanisław P. y Tomasz K., quienes fueron señalados por presuntos delitos sexuales contra menores bajo su responsabilidad eclesiástica.
En el primer caso, las investigaciones internas de la Iglesia comenzaron durante la década de 2000. Según los investigadores, aunque en 2013 se tomó la decisión de retirar al sacerdote del ejercicio clerical, la diócesis solo comunicó formalmente los hechos a la Fiscalía en agosto de 2020.
Las autoridades también investigaron las denuncias contra Tomasz K., quien habría cometido abusos desde 2018. En este caso, la comunicación a los organismos judiciales se produjo en diciembre de 2021.
Uno de los aspectos más graves del expediente es que, en 2022, la investigación contra Stanisław P. fue archivada debido al vencimiento de los plazos de prescripción. Los fiscales señalaron que el sacerdote habría perjudicado al menos a 95 menores y cometido actos sexuales contra 77 de ellos durante varias décadas, en parroquias de Polonia y Ucrania.
La defensa del obispo y la posibilidad de apelación
Durante el proceso, Andrzej Jeż negó haber cometido un delito y solicitó su absolución. Su defensa sostuvo que el obispo actuó cuando obtuvo información suficientemente concreta sobre los hechos y argumentó que existían dudas sobre la interpretación de las obligaciones legales de denuncia.
La legislación polaca establece desde 2017 que no informar inmediatamente a las autoridades sobre información creíble relacionada con determinados delitos, entre ellos los abusos sexuales contra menores, constituye una conducta penalmente sancionable.
La Fiscalía había solicitado una pena de diez meses de prisión, suspendida durante tres años, además de una multa económica. Sin embargo, el tribunal optó por una sanción que no implica encarcelamiento.
Tras conocerse la decisión, la diócesis de Tarnów manifestó su desacuerdo con el fallo y anunció que presentará un recurso de apelación una vez examine la justificación escrita de la sentencia.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad institucional de las autoridades religiosas frente a las denuncias de violencia sexual contra menores y la obligación de comunicar estos hechos a la justicia ordinaria, independientemente de los procedimientos internos de la Iglesia.
Fuente: Reuters – Anna Wlodarczak-Semczuk (corresponsal); edición de Xevi Fontdegloria. · Ver fuente ↗
