Comunidades del Congo demandan a minera china por presunta contaminación ambiental

Veintisiete habitantes de Kolwezi, en la República Democrática del Congo, presentaron una demanda contra la empresa minera COMMUS, controlada por la multinacional china Zijin Mining, por presunta contaminación del aire, el agua y el suelo asociada a sus operaciones de extracción de cobre y cobalto. Los demandantes, entre ellos ocho menores de edad, reclaman aproximadamente 6,3 millones de dólares en compensaciones y recursos destinados a la recuperación ambiental.

La acción judicial fue presentada ante el Tribunal Comercial de Kolwezi y tuvo su primera audiencia pública el 3 de noviembre de 2026. El proceso también involucra al Estado congoleño y a la Agencia de Medio Ambiente del país, señalados por los demandantes por presuntas fallas en la vigilancia de las actividades mineras y en la aplicación de las normas ambientales.

Las acusaciones contra la operación minera

Los residentes sostienen que las actividades de COMMUS han deteriorado las condiciones ambientales de las comunidades cercanas a la explotación. Entre los problemas denunciados se encuentran la contaminación de fuentes de agua, la presencia de polvo industrial y el deterioro de los terrenos próximos a las instalaciones mineras.

La demanda cuenta con el respaldo de las organizaciones RAID y AFREWATCH, que acompañan a las comunidades y promovieron investigaciones científicas sobre las condiciones ambientales de la zona. Los estudios, desarrollados también con la participación de Source International, identificaron concentraciones elevadas de partículas contaminantes en el aire y señales de contaminación en muestras de agua y sedimentos.

Uno de los puntos señalados en las investigaciones es la proximidad de una instalación de almacenamiento de residuos mineros a zonas habitadas. En las mediciones realizadas cerca de Galaxy School, institución educativa a la que asisten aproximadamente 1.500 niños, se registró una concentración diaria de partículas finas PM2.5 de 44 microgramos por metro cúbico, casi tres veces el valor de referencia diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Los habitantes también han relacionado la exposición a las condiciones ambientales con problemas como tos, dolores de cabeza, irritación y sangrados nasales. Estas manifestaciones forman parte de las denuncias presentadas, pero su relación causal con las operaciones de la compañía deberá establecerse mediante las pruebas correspondientes.

Los demandantes reclaman compensaciones y recuperación ambiental

La reclamación económica asciende a aproximadamente 6,3 millones de dólares. De ese total, cerca de 1,3 millones corresponden a compensaciones por los presuntos perjuicios a la salud, gastos médicos, pérdida de ingresos y afectaciones emocionales. Los cinco millones de dólares restantes se solicitan para financiar trabajos de restauración ambiental.

Además de la reparación económica, las comunidades buscan que se adopten medidas para detener las fuentes de contaminación, recuperar los terrenos y las fuentes de agua afectadas y garantizar el acceso a agua potable segura. También reclaman mayor transparencia sobre los estudios ambientales y un seguimiento independiente de las condiciones de salud de las poblaciones cercanas.

La demanda representa un caso relevante para las comunidades que viven alrededor de las explotaciones industriales en la región minera de Kolwezi, donde la extracción de cobre y cobalto tiene una importancia económica considerable, pero también plantea desafíos relacionados con la protección ambiental y los derechos de los habitantes.

Zijin Mining controla la mayoría de COMMUS

La empresa Compagnie Minière de Musonoie Global (COMMUS) opera la explotación de cobre y cobalto objeto de la controversia. Según la información empresarial citada por Reuters, Zijin Mining posee el 67 % de la compañía, mientras que la minera estatal Gécamines tiene el 28 % y el Gobierno congoleño conserva el 5 % restante.

Consultada por Reuters, COMMUS manifestó que impugnará las acusaciones y aseguró que se toma seriamente sus responsabilidades con las comunidades y el medio ambiente. Por su parte, las autoridades congoleñas y la agencia ambiental señaladas en el proceso no habían respondido a las solicitudes de comentarios al momento de publicarse la información.

La primera audiencia estuvo centrada en cuestiones procesales, por lo que el tribunal todavía no había examinado el fondo de las acusaciones ni determinado responsabilidades.

El caso también pone a prueba la aplicación del Código Minero congoleño de 2018, particularmente las disposiciones sobre responsabilidad ambiental de las compañías. Según el marco legal citado por las organizaciones que respaldan la demanda, las empresas pueden tener que responder por los daños ambientales asociados a sus operaciones, salvo que demuestren que estos obedecen a causas ajenas a su actividad.

De prosperar la acción judicial, el proceso podría convertirse en un precedente importante para otras comunidades que buscan obtener reparación por los impactos ambientales atribuidos a la minería industrial en la República Democrática del Congo.