Colombia necesita la presencia de mas mujeres en las altas cortes
Las mujeres son más del 51 % de la población colombiana, pero más del 65 % de quienes integran las Altas Cortes son hombres.
Con una amplia presencia de congresistas, magistradas, magistrados y exintegrantes de las Altas Cortes, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley Estatutaria No. 428, "por medio del cual se modifica la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— para garantizar la paridad entre mujeres y hombres en la conformación de las Altas Cortes".
La iniciativa legislativa busca avanzar hacia una representación equilibrada en los máximos órganos de la Rama Judicial, donde se toman algunas de las decisiones más importantes del país.
Actualmente, las mujeres representan más del 51 % de la población colombiana, pero más del 65 % de quienes integran las Altas Cortes son hombres.
La brecha se hace aún más evidente al observar la composición de la Rama Judicial. Según cifras oficiales con corte a octubre, las mujeres representan el 56,71 % de las personas que trabajan en la base de la Rama Judicial. Es decir, su presencia disminuye a medida que se avanza hacia los cargos de mayor poder de decisión.
Esto demuestra que el desafío no está en la falta de preparación, experiencia o mérito de las mujeres, sino en las barreras estructurales que históricamente han limitado su acceso a las posiciones más altas de la justicia.
Los llamados techos de cristal, los sesgos de género, las cargas de cuidado, las redes de contacto históricamente masculinas y los vacíos o dificultades en los procesos de nominación, conformación de listas y elección hacen necesario adoptar medidas que permitan avanzar de manera efectiva hacia la paridad.
“Este proyecto ha sido trabajado, discutido y consultado con las Altas Cortes y con distintos actores de la justicia. Este proyecto nace con una fuerza política importante, pues cuenta con el respaldo y la firma de congresistas de diferentes partidos políticos. Ese respaldo plural y multipartidista envía un mensaje contundente: la paridad judicial trasciende las diferencias ideológicas y puede convocarnos alrededor de un propósito común de país”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
El proyecto apunta a que la paridad sea una regla efectiva en los procesos de selección, nominación y elección de magistradas y magistrados, y no únicamente un principio reconocido en las normas. El mecanismo es concreto: cuando una Alta Corte tenga menos del 50 % de mujeres, las listas y ternas para elegir magistradas y magistrados deberán estar conformadas exclusivamente por mujeres.
“Hoy, tantos años después de nuestro acceso al ejercicio de la profesión jurídica, las mujeres representan solo el 34,52 % de la magistratura de las Altas Cortes. Aún no representan la composición poblacional entre hombres y mujeres. Esto sin mencionar las injusticias de representación de mujeres indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans o de las mujeres sin recursos económicos o falta de oportunidades. Solo la JEP es paritaria y representa la diversidad étnica y regional de nuestro país, gracias al Acuerdo Final de Paz”, agregó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
La iniciativa no reemplaza ni reduce el mérito. Por el contrario, quienes lleguen a las Altas Cortes deberán cumplir los mismos estándares de experiencia, preparación e idoneidad.
