Colombia estrena nueva Ley de Sometimiento
La Ley 2640 de 2026 establece nuevas condiciones para el sometimiento de organizaciones criminales, con compromisos de desarme, verdad, reparación y beneficios
Una nueva estrategia para enfrentar las estructuras criminales
Colombia tiene un nuevo marco jurídico para enfrentar a las organizaciones criminales y establecer las condiciones bajo las cuales sus integrantes podrán someterse a la justicia. Se trata de la Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026, sancionada por el presidente Abelardo De La Espriella, después de completar su trámite en el Congreso de la República.
La iniciativa modifica y amplía disposiciones de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, y establece mecanismos para impulsar el desmantelamiento de estructuras armadas ilegales, fortalecer la presencia institucional en los territorios y facilitar procesos de transición a la legalidad.
El proyecto recibió el respaldo de ambas corporaciones legislativas durante las sesiones del 3 de noviembre. En el Senado obtuvo 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que en la Cámara de Representantes consiguió 95 votos favorables y 10 negativos. Posteriormente, el Gobierno confirmó su sanción presidencial el 5 de noviembre.
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva legislación es que establece compromisos concretos para quienes pretendan acceder a un tratamiento penal diferenciado. No se trata únicamente de manifestar la intención de abandonar las actividades ilegales: las organizaciones deberán entregar información sobre sus integrantes, mandos, armamento, fuentes de financiación, bienes y redes de apoyo.
¿Qué tendrán que cumplir los grupos criminales para acceder a los beneficios?
Entre las principales exigencias contempladas en la norma se encuentran la entrega de armas, municiones y explosivos, la identificación de los integrantes de las organizaciones y la entrega de información sobre personas desaparecidas, secuestradas y menores de edad reclutados.
También se establecen compromisos relacionados con el abandono de las economías ilícitas, la colaboración con las autoridades y la contribución a la reparación de las víctimas.
En materia de beneficios judiciales, la legislación contempla reducciones de hasta el 50 % de las penas para integrantes de base y del 30 % para quienes hayan ejercido funciones de mando, siempre que cumplan las condiciones legales y los aportes exigidos. Para los cabecillas también se establece una pena mínima de diez años de prisión.
La norma contempla, además, mecanismos para que las personas que abandonen las estructuras criminales puedan acceder a programas de formación, educación, acompañamiento psicosocial y oportunidades de reincorporación económica.
Las víctimas estarán en el centro de la implementación
Uno de los puntos fundamentales será garantizar que los procesos de sometimiento no se conviertan únicamente en mecanismos de reducción de penas. La legislación incorpora obligaciones relacionadas con la verdad, la reparación y la entrega de bienes para responder por los daños ocasionados.
Las víctimas tendrán garantías de participación en los procedimientos judiciales, podrán aportar pruebas, recibir representación y conocer los avances de las actuaciones correspondientes.
Sin embargo, el verdadero alcance de esta legislación dependerá de su aplicación. Será necesario verificar que las organizaciones cumplan sus compromisos, que las autoridades judiciales establezcan las responsabilidades individuales y que los beneficios contemplados no terminen debilitando los derechos de las personas afectadas por la violencia.
¿Qué viene ahora para Colombia?
La implementación de la Ley 2640 de 2026 será uno de los principales asuntos que deberán seguir las autoridades, las organizaciones sociales y los organismos de control.
El Ministerio de Justicia tendrá responsabilidades de seguimiento y evaluación, mientras que las instituciones competentes deberán desarrollar los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas.
El desafío será demostrar que este nuevo instrumento jurídico puede contribuir efectivamente a reducir la violencia, desmantelar las economías criminales y recuperar la presencia institucional en los territorios afectados por el conflicto.
Más allá de las posiciones políticas a favor o en contra, el resultado deberá medirse por sus efectos concretos: menos violencia, mayor protección para la población civil, verdad para las víctimas y garantías de no repetición.
Fuente: Colombia: nueva Ley de Sometimiento 2026 · Ver fuente ↗
