Caso UNGRD: llamadas y mensajes de Sandra Ortiz, bajo la lupa judicial
Informes de la Fiscalía y comunicaciones examinadas en el caso UNGRD vuelven a poner el foco en Sandra Ortiz y en los presuntos sobornos a congresistas.
Colombia. Las comunicaciones de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, se encuentran en el centro de la investigación por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Informes de la Fiscalía conocidos por El Espectador examinan llamadas y contactos que habrían ocurrido en momentos relacionados con la presunta entrega de sobornos a dirigentes del Congreso en 2023.
Según la publicación, las comunicaciones forman parte de los elementos que buscan reconstruir los encuentros y movimientos de la exfuncionaria durante las fechas investigadas. El caso también incluye información sobre su relación con el empresario de las esmeraldas conocido como “Pedro Pechuga”, un aspecto que ha llamado la atención dentro de las pesquisas periodísticas.
La investigación se relaciona con el presunto uso irregular de recursos públicos de la UNGRD, entidad encargada de coordinar acciones para prevenir y atender emergencias y desastres en el país. Las autoridades buscan establecer cómo se habrían gestionado los recursos y si existieron intermediarios para facilitar pagos ilegales a congresistas.
El expediente tiene relevancia nacional porque involucra presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y posibles gestiones para obtener respaldo político. Los registros de llamadas, mensajes, testimonios y otros documentos pueden contribuir a reconstruir la cronología de los hechos, aunque cada elemento debe analizarse dentro del proceso judicial y no considerarse, por sí solo, una prueba definitiva de responsabilidad penal.
La información también resulta de interés para regiones como Nariño y Cauca, donde la gestión transparente de los recursos destinados a la atención de emergencias, la prevención de riesgos y la recuperación de comunidades afectadas es un asunto de interés público. Sin embargo, el caso descrito corresponde a una investigación de alcance nacional y no implica, por sí mismo, la participación de autoridades de estos departamentos.
El proceso deberá avanzar con la valoración de las pruebas por parte de la justicia y con las garantías correspondientes para las personas investigadas. La determinación de responsabilidades penales compete a los jueces, a partir de las pruebas incorporadas legalmente y de los argumentos de la Fiscalía y la defensa.
El desarrollo de este caso mantiene abierto el debate sobre los controles a la contratación pública, la vigilancia de los recursos estatales y la importancia de que las investigaciones por presunta corrupción se esclarezcan con transparencia y respeto por el debido proceso.
Fuente: EL ESPECTADOR
