Allanan oficinas del INPEC en la cárcel de La Dorada y hallan millonaria suma en efectivo
El CTI allanó las oficinas de la cárcel de La Dorada e incautó ocho millones de pesos en efectivo tras el escándalo por beneficios al capo alias 'Pichi'
El escándalo de corrupción al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) sumó un nuevo capítulo tras una sorpresiva intervención judicial en la cárcel de alta seguridad Doña Juana, ubicada en el municipio de La Dorada, Caldas. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación allanaron las oficinas administrativas y los alojamientos de las directivas del penal.
La diligencia judicial se produjo pocas horas después de que se revelara que el director del establecimiento penitenciario, el mayor Edgar Pérez, habría autorizado el ingreso de cirujanos plásticos y procedimientos con bótox para el peligroso capo del narcotráfico conocido con el alias de 'Pichi'. El hecho desató la indignación nacional y motivó una rápida actuación de las autoridades de control.
Durante los registros e inspecciones a los espacios privados de las directivas, los peritos del CTI lograron la incautación de ocho millones de pesos en dinero en efectivo, distribuidos en billetes de alta denominación. Asimismo, los investigadores decomisaron abundante documentación institucional, carpetas de archivos y múltiples dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis forense.
Las autoridades judiciales intentan determinar si la suma de dinero hallada corresponde al pago de presuntos sobornos o dádivas a cambio de otorgar beneficios irregulares a reclusos de alta peligrosidad. Adicionalmente, se conoció que el mayor Pérez ya enfrenta investigaciones ante la Procuraduría General por haber permitido anteriormente una fiesta con música vallenata en la cárcel de Itagüí.
Este nuevo caso de irregularidades vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reformas estructurales en el sistema carcelario del país para frenar los actos de corrupción institucional. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía presente los elementos probatorios recolectados ante un juez de control de garantías para avanzar en la judicialización de los responsables.
