Cristian Ortegón impulsó denuncia que culpa al presidente de presunta participación política.
Un nuevo capítulo jurídico relacionado con el presidente Gustavo Petro comenzó a tomar forma luego de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidiera asumir el conocimiento de una denuncia presentada por un abogado tolimense, decisión que marca el inicio formal de una actuación que ahora deberá surtir las etapas previstas por la ley. La acción fue promovida por el abogado Cristian Leonardo Ortegón Quimbayo, quien acudió ante la corporación para solicitar una investigación sobre presuntas actuaciones del jefe de Estado durante el debate político desarrollado en el marco de las elecciones presidenciales de 2026.
Aunque la apertura de la actuación no implica una conclusión sobre los hechos denunciados, sí representa un paso importante dentro del proceso, ya que la Comisión consideró que tiene competencia para revisar las conductas señaladas en la queja. La decisión quedó plasmada en el Auto de Sustanciación No. 7475, documento mediante el cual el representante investigador Daniel Restrepo Carmona asumió formalmente el estudio del caso.
Dentro de las primeras medidas ordenadas se encuentra la ampliación y ratificación de la denuncia presentada por el abogado tolimense, así como la vinculación de la Procuraduría General de la Nación para que participe dentro de las actuaciones correspondientes. Según el contenido de la denuncia, el mandatario habría intervenido en el debate político electoral aprovechando la relevancia institucional de su investidura, situación que ahora será objeto de verificación por parte de la Comisión.
La corporación determinó que los hechos expuestos pueden ser estudiados dentro de su ámbito de competencia debido a que involucran actuaciones atribuidas directamente al presidente de la República. El auto también contempla la notificación de las partes involucradas para garantizar el desarrollo del procedimiento y el respeto por las garantías procesales establecidas en la ley. Fuentes jurídicas explicaron que esta etapa corresponde únicamente a una fase preliminar de verificación, por lo que todavía no existe una decisión sobre la responsabilidad o no del mandatario frente a los señalamientos realizados.
Por ahora, el proceso apenas comienza y serán las actuaciones posteriores las que determinen si existen méritos para avanzar hacia etapas más profundas de investigación. Lo cierto es que la denuncia promovida por el abogado tolimense ya logró superar el primer filtro institucional y ahora será objeto de análisis por parte de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
