La JEP, Justicia Especial para la Paz, imputó crímenes de guerra y lesa humanidad al general (r) Mario Montoya y ocho militares por hechos ocurridos entre 2002 y 2003 a titulo de autor por este tipo de hechos ocurridos en Antioquia.
«Montoya habría mentido sobre la producción del número de bajas de las FARC y se mostró dispuesto a encubrir casos de extralimitación de la fuerza y presionar a los miembros de las unidades militares bajos su mando «
Fueron en total 130 asesinatos de desapariciones forzados y asesinatos cometidos cuando el oficial fue comandante de la Cuarta Brigada y con sede en Medellín.
También fueron imputados los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa Ruíz e Iván Darío Pineda. Además de 4 subtenientes, un subteniente y un soldado regular.
«Asesinaron y desaparecieron personas en 16 municipios entre ellos San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná»
Así lo informó la JEP en la red social X, antes llamada Twitter por ‘falsos positivos’, mecanismo por el cual se ejecutaban a civiles inocentes y se los hacía pasar por guerrilleros caídos en combate.
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Montoya: No le servían heridos solo muertos
La JEP también encontró que el general presionó para obtener resultados en la lucha contra la insurgencia y por lo que se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales mientras fue comandante.
«Determinó que el fenómeno criminal se inscribió en la política de la IV Brigada del conteo de cuerpos. Es decir, la imposición de las muertes en combate como único indicador de éxito militar»
La presión fue ejercida por el general (r) Mario Montoya y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente del Batallón de Infantería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez
Uno de los testimonios le contó a la JEP que al «general no le servían ni heridos ni capturados, solo muertos»
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Montoya es acusado por este tribunal no solo de «mentir sobre el número de bajas y encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza»
También de presionar a miembros de las unidades militares que tenía bajo su mando para reportar bajas en combate y no capturar subversivos.
«Presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas en combate»
También este tipo de práctica empeló un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran las capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados.
Montoya fue el comandante de la Cuarta Brigada entre 2000 y 2003, luego lo fue de la Séptima División entre 2004 y 2005 y en febrero de 2006 llegó a ser comandante del Ejército colombiano, nombrado por el propio Álvaro Uribe, expresidente de Colombia por el Centro Democrático.
La JEP lo llamó a reconocer los delitos a título de autor y al ,haber creado «dolosamente» un riesgo jurídicamente desaprobado para la población civil en la zona que operaba, así lo expresó la magistrada Catalina Díaz Gómez, que investiga ‘falsos positivos’.
El Tribunal determinó que “no fueron hechos aleatorios, ocasionales o aislados”; por el contrario, las ejecuciones extrajudiciales obedecieron a patrones sistemáticos.
Al terminar ese período, la JEP determinará una fecha para una audiencia pública de reconocimiento de verdad.
De lo contrario, «si Montoya sigue negando su participación, como lo ha hecho hasta ahora, el caso irá a la Unidad de Investigación y Acusación, que es como la Fiscalía de la JEP.«
Si acepta su responsabilidad, luego de la audiencia de reconocimiento se emitirá una resolución de conclusiones con las que el Tribunal de Paz y las víctimas evaluarán sanciones propias de la justicia transicional. En caso contrario, el proceso podría llevarlo a una determinación de hasta 20 años de cárcel.
