La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Alvarado, Tolima, Yesid Fernando Torres Ramos (2012-2015), el exalcalde (E), Álvaro Palma Orjuela, y ocho exfuncionarios que cumplieron labores de supervisión, por presuntas irregularidades en la contratación de obras civiles, mejoramiento de vivienda de interés social, mantenimiento de vías y rocería, celebrados en la vigencia 2014.
Decisiones
Los demás afectados con la decisión fueron el entonces secretario de Hacienda, Pablo Emilio López Trujillo; los jefes de Planeación e Infraestructura (E), Carlos Fernando Cortés Ayala y César Augusto Martínez, y de la Oficina de Servicios Públicos, Luis Enrique Corral Guzmán; la técnica operativa, Magaly Acosta Romero; el técnico administrativo, Víctor Alfonso Gómez Lozano y la secretaria de despacho (C), Dadiana Andrea Peña Hernández. El ente de control les reprochó la posible participación desde cada una de sus competencias funcionales, en contratos de obra y de prestación de servicios por valor de $60’808.400, en los que, al parecer, no se habrían ejecutado las obras previstas, y se habría plasmado una firma que no correspondería con la del supuesto contratista.
Desembolso
De comprobarse que consignaron hechos contrarios a la verdad en los bilaterales que supuestamente soportaron el desembolso de recursos del erario a un contratista, los exfuncionarios podrían estar incursos en la conducta penal ‘falsedad ideológica en documento público’.
Funciones
Con estas presuntas actuaciones quienes hacían parte de la administración municipal de Alvarado, pudieron desconocer el principio de moralidad por omitir su función de verificar el cumplimiento de los requisitos formales y legales que rigen la contratación estatal.
Investigación
Provisionalmente, las faltas de los implicados fueron calificadas como gravísimas cometidas con dolo. Los sujetos procesales podrán presentar su versión acerca de los hechos objeto de investigación y/o solicitar o aportar las pruebas que consideren necesarias para su defensa.
Promesa
En el caso de Álvaro Palma Orjuela, la entidad ha concluido que el exmandatario lideró el entramado ilícito utilizando documentos que su hermano recibió del ingeniero, con la promesa de otorgarle un contrato. Estos documentos le sirvieron para estructurar los contratos falsos y posteriormente ordenar su pago, dándole una apariencia de legalidad a sus acciones. A juicio del Ministerio Público “bajo ningún supuesto fáctico es lógico que se suscriban contratos para ser pagados con cargo a recursos del erario estatal a sujetos no identificados plenamente”.
La Procuraduría absolvió de responsabilidad disciplinaria al jefe de Planeación e Infraestructura, César Augusto Martínez (2013-2014), quien solo suscribió los estudios previos de dos contratos y firmó el acta de evaluación en la cual dejó constancia de que el proponente, Edson Andrés Ospina Arias, no asistió.
El ente de control comprobó la suscripción de 11 negocios jurídicos ficticios.
