La Asamblea del Ecuador aprobó con 104 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones, el informe de la comisión legislativa que recomendó el juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, por delitos contra la administración pública y la seguridad del Estado en el caso ‘El Gran Padrino’.
«Con 104 votos el Pleno Legislativo 851 aprueba el Informe del Gran Padrino: Delitos contra la Administración Pública y la Seguridad del Estado, elaborado y aprobado por la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha Contra la Corrupción«
Según el informe reveló una presunta red de corrupción de empresas públicas y nexos con el narcotráfico en la cual fue implicado su cuñado, el empresario Danilo Carrera.
El debate, que se prolongó durante 7 horas, contó con la intervención de unos 40 legisladores que explicaron su voto y luego de la exposición inicial de Viviana Veloz, de la bancada opositora de la Unión por la Esperanza (UNES).
Ella encabezó la comisión legislativa ocasional a cargo de la investigación del caso «El Gran Padrino».
Veloz manifestó que una prueba «fehaciente» en este caso es el informe de una investigación del más alto nivel, coordinada entre las fuerzas de seguridad del Ecuador, en particular la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, conjuntamente con Inglaterra y EEUU.
Te interesa: Pablo Lyle: 5 años de cárcel por homicidio involuntario
En el informe señala vínculos de Carrera con el operador político, Rubén Chérrez, y con el ciudadano de origen albanés, Dritan Gjika, de lo cual fue informado el mandatario ecuatoriano sin que tomara acciones al respecto.
«El presidente conoció perfectamente de la investigación en julio de 2021; omitió actuar e incumplió con su deber de denunciar ante los órganos judiciales competentes los posibles delitos que se estaban perpetrando»
La comisión legislativa concluyó que «el mandatario obstaculizó la aplicación de la justicia» debido a que no denunció los hechos contenidos en el informe policial, y, por el contrario, este fue reservado.
Las pruebas contra Lasso:
Según los audios revelados por el medio de comunicación digital La Posta, la red de corrupción vendía cargos y contratos de las empresas públicas.
Además se habría financiado con un millón y medio de dólares la campaña electoral de Lasso.
Tras la llegada de Lasso a la Presidencia, el Servicio de Rentas Internas eliminó a Albania del listado de paraísos fiscales, a lo cual se suma el decreto presidencial que concentró poder del gerente coordinador de empresas públicas, Hernán Luque Lecaro, ex alto funcionario del Banco de Guayaquil, de la familia de Lasso, lo que propició los presuntos actos de corrupción.
Según el informe legislativo, simultáneamente existen más de 40 denuncias penales presentadas por la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), María Sara Jijón, ante la Fiscal General del Estado y por presuntas irregularidades en procesos de contratación en empresas públicas.
Más para leer: «Fue asqueroso sentir su cuerpo desnudo»: Víctima de Víctor De Currea