El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella inició su estrategia contra la corrupción con una combinación de investigación, seguimiento de recursos públicos y acciones de control sobre la contratación estatal. Una de las primeras medidas fue la entrega, el 19 de agosto, de un denominado “Libro Blanco” a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, con información recopilada durante el proceso de empalme sobre posibles irregularidades en recursos públicos, contratación y situación administrativa y financiera de distintas entidades. La Presidencia aclaró que el documento no reemplaza las investigaciones de las autoridades ni anticipa sus resultados.
Una segunda medida fue anunciada el 30 de agosto: la creación del Bloque de Búsqueda Anticorrupción, concebido por el Ejecutivo como un equipo especializado para identificar estructuras que puedan estar involucradas en hechos de corrupción, rastrear recursos y aportar información a las autoridades judiciales. Según la Presidencia, la estrategia contempla coordinación con Policía Judicial, inteligencia, UIAF y DIAN, además del trabajo articulado con Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, cada una dentro de sus competencias constitucionales.
El Gobierno también ha planteado utilizar inteligencia artificial, análisis de datos y trazabilidad digital para seguir el recorrido de los recursos públicos desde el Tesoro hasta su destinación final. Paralelamente, el Presidente ha exigido a las entidades identificar posibles focos de corrupción, documentar los hallazgos y ponerlos en conocimiento de las autoridades. En el ámbito territorial, el mandatario ha pedido a alcaldes y gobernadores transparencia en el manejo de los recursos y ha advertido que su administración no permitirá intermediarios ni cobros ilegales en los proyectos financiados por el Estado.
La estrategia también incluye actuaciones frente a casos concretos. El 20 de septiembre, por ejemplo, la Presidencia informó sobre el traslado a una cárcel común de Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca condenado por corrupción. Y el 28 de septiembre, De La Espriella volvió a pedir que se esclarecieran hechos de corrupción relacionados con recursos públicos durante el gobierno anterior, después de una decisión del Consejo de Estado sobre el entonces presidente del Senado Iván Name. En ambos casos, las responsabilidades judiciales corresponden a las autoridades competentes y no al Ejecutivo.
El principal punto de seguimiento ahora será determinar qué resultados concretos producen estas medidas: investigaciones abiertas, recursos recuperados, contratos revisados, condenas obtenidas y mecanismos preventivos que reduzcan los riesgos de corrupción. Transparencia por Colombia había señalado antes de la posesión del nuevo Gobierno que las propuestas anticorrupción necesitaban pasar de los anuncios generales a políticas con objetivos, instrumentos, responsables y recursos definidos, además de respetar la separación de poderes. Colombia obtuvo 37 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, por lo que la lucha contra este fenómeno sigue siendo un desafío estructural.
