El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, continúa vinculado a un proceso penal que permanece en conocimiento de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde avanzan las actuaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades ocurridas durante su paso por la gerencia del Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia.
El expediente, registrado bajo el número 01327, figura en el calendario de audiencias del alto tribunal. Dentro de las actuaciones previstas se encuentra la continuación de la audiencia preparatoria, programada para el pasado 2 de septiembre de 2026, etapa en la que se desarrolla el trámite previo al eventual juicio.
La investigación tiene como punto de partida la gestión administrativa de Ruiz Aguilar al frente del centro asistencial. En mayo de 2025, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación en su contra por los presuntos delitos de prevaricato por acción, falsedad material en documento público agravada, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
De acuerdo con la hipótesis del ente investigador, las conductas examinadas estarían relacionadas con decisiones sobre modificaciones en la planta de personal del hospital y el presunto cobro irregular de viáticos y comisiones que superarían los 56 millones de pesos.
La continuidad del expediente ante la Corte Suprema mantiene abierto el escenario judicial para esclarecer las circunstancias de los hechos señalados por la Fiscalía y determinar si existe responsabilidad penal del mandatario departamental.
Por ahora, la acusación constituye una actuación procesal y no una declaración de culpabilidad. En consecuencia, Ruiz Aguilar conserva intacto su derecho a la presunción de inocencia mientras las autoridades judiciales avanzan en el esclarecimiento del caso y adoptan las decisiones correspondientes.
El desarrollo de este proceso judicial ocurre mientras Ruiz Aguilar ejerce como gobernador del Caquetá, por lo que las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia mantienen la atención sobre su situación jurídica. Las próximas decisiones del alto tribunal permitirán establecer el rumbo del expediente y las etapas que deberá afrontar el mandatario. Entretanto, será la justicia la encargada de valorar las pruebas, examinar los argumentos de las partes y determinar, conforme al debido proceso, si existen responsabilidades penales por los hechos investigados.
