Una nueva disputa alrededor del sistema estratégico de transporte público de Popayán quedó expuesta luego de que los gerentes de las empresas transportadoras notificaran al director de Movilidad Futura, Felipe Acosta, que no permitirán la instalación de equipos tecnológicos en sus vehículos sin que exista una concertación previa sobre las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas. La posición de los empresarios agrega presión sobre una implementación que arrastra cuestionamientos y retrasos. Según el documento conocido, las compañías aseguran que llevan aproximadamente ocho meses sin avances concretos y advierten que tampoco han recibido copias de las actas correspondientes a la última reunión.
Los representantes legales manifestaron su disposición para participar en una mesa técnica y discutir las condiciones necesarias antes de autorizar cualquier intervención sobre el parque automotor. El punto más polémico está relacionado con el contrato para adquirir equipos tecnológicos destinados al sistema. De acuerdo con la información suministrada, Movilidad Futura busca reactivar un proceso de adquisición realizado en 2023 por más de $13.000 millones, además de avanzar en una alternativa que permita resolver la situación de equipos que
superarían los $10.000 millones y que, según los transportadores, permanecen desactualizados. La controversia aumenta porque los gerentes aseguran desconocer actualmente el paradero de dichos equipos. Esta situación plantea interrogantes sobre su inventario, estado, utilidad
y las razones por las cuales, después de varios años, todavía no estarían incorporados al sistema. Además, se estaría planteando una prueba piloto con 50 equipos instalados en vehículos, decisión que los empresarios consideran que debe estar respaldada por una justificación
técnica y un proceso previo de concertación.
