En medio de una intensa disputa política entre el alcalde de Granada, Juan Carlos Mendoza, y los sectores de oposición del Concejo Municipal, la Procuraduría Regional del Meta le puso freno a lo que parecía ser una jugada estratégica del oficialismo para debilitar el bloque opositor.
El órgano de control resolvió no aceptar la recusación presentada contra los concejales Kevin Ramos y Mercy Morales, quienes fueron señalados de presunto conflicto de interés para participar en el debate sobre el proyecto de adición presupuestal por más de 22.000 millones de pesos, provenientes del superávit y del Sistema General de Participaciones (SGP) correspondiente a la vigencia 2025.
La recusación, que fue interpuesta por el ciudadano Esteban Rodríguez Valencia, habría tenido origen —según versiones no oficiales— en el círculo cercano del mandatario local, como una posible maniobra política para restar capacidad de decisión a la oposición en uno de los debates más cruciales del año.
Sin embargo, la Procuraduría concluyó que no existe causal válida ni conflicto que impida a los concejales ejercer sus funciones, dejando en firme su participación en el proceso.
Este revés representa un fortalecimiento para la oposición, que mantiene voz y voto en el tratamiento del millonario proyecto presupuestal, mientras que para el bloque de gobierno se convierte en un traspié en sus intentos por consolidar el control de la mesa directiva en medio de un Concejo cada vez más polarizado.
