Amparo Betancourt aparece vinculada a presunta escritura sobre predio cedido al municipio.
Una nueva controversia jurídica sacude a la Administración Municipal de Ibagué tras conocerse una demanda que busca la nulidad de una escritura pública mediante la cual un lote de terreno fue transferido al Municipio. El caso pone bajo la lupa la actuación de la entonces funcionaria Amparo Betancourt Roa, quien firmó el documento en representación de la Alcaldía.
Los hechos se remontan al 5 de octubre de 2018, cuando se protocolizó una escritura pública relacionada con la división material y donación de un lote por parte de la empresa Visi Compañía S.A.S. al Municipio de Ibagué. Sin embargo, el demandante sostiene que la funcionaria que intervino en representación de la Administración Municipal carecía de competencia jurídica para hacerlo.
Según la acción presentada ante la jurisdicción contenciosa, presuntamente no existiría evidencia de un acto formal de delegación ni de un poder especial que le permitiera asumir esa responsabilidad. La situación ha despertado interrogantes sobre los procedimientos utilizados para formalizar la transferencia del inmueble y sobre la validez de las actuaciones adelantadas durante ese proceso.
Otro de los aspectos que genera controversia tiene relación con el valor del lote. La demanda asegura que para la firma de la escritura, presuntamente se habría utilizado un avalúo correspondiente al año 2017, cuando el predio estaba valorado en aproximadamente 6 millones 585 mil pesos, pese a que para el año 2018, fecha en la que se suscribió la escritura pública, el mismo inmueble tenía un avalúo cercano a los 410 millones 496 mil pesos.
Según los cuestionamientos planteados en la acción judicial, esta diferencia superior a los 403 millones de pesos habría sido determinante, pues utilizar el avalúo más bajo habría permitido evitar presuntos requisitos adicionales que exige la normatividad para la recepción de bienes inmuebles de alto valor por parte de entidades públicas.
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la demanda, la exfuncionaria habría presuntamente suscrito la escritura pública sin contar con una delegación expresa o un poder especial que la facultara para actuar en nombre del alcalde, quien, por disposición constitucional, es el representante legal del municipio. Los promotores de la acción judicial sostienen que la situación debe ser analizada por las autoridades competentes para determinar si se cumplieron todos los requisitos legales exigidos para la recepción del inmueble. Mientras avanza el proceso, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los controles administrativos y la transparencia en la gestión de bienes públicos en la capital tolimense.
