Colombia enfrenta un clima de tensión política sin precedentes. Tras la primera vuelta presidencial, en la que Abelardo de la Espriella obtuvo 43,74 % de los votos (10.361.499 sufragios) e Iván Cepeda alcanzó 40,90 % (9.688.361 votos), la polarización se ha intensificado. En medio de este ambiente, un exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo Castaño, divulgó supuestos mensajes de un grupo de WhatsApp con más de 500 integrantes, en los que se incitaba a actos vandálicos en caso de que Cepeda no gane la Presidencia.
Los mensajes, atribuidos al grupo denominado “Garajes de Cali”, plantean escenarios de caos y violencia. “Róbese una avioneta y la estrella allá”, “Guarden munición pa’ la guerra, menores”, “Lo mejor que podemos hacer es tumbar el tránsito” y “Aprovechen para tumbar fotomultas”, son algunas de las frases que, según Bravo, circulaban en el chat. También se mencionan planes para atacar el tránsito de Salomia con bombas molotov y provocar disturbios en la capital del Valle del Cauca.
La denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la Nación, señala presunta instigación a delinquir, incitación a la violencia y promoción de alteraciones del orden público. Bravo pidió que se activen labores de policía judicial para identificar a los titulares de los números involucrados —tres con indicativo colombiano (+57) y uno con indicativo español (+34)— y que se requiera a WhatsApp y a Meta Platforms Inc. la preservación de la información del grupo con fines investigativos.
El exconcejal advirtió que Cali no puede volver a ser rehén de quienes pretenden imponer sus ideas mediante el caos. “Solicito a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes que verifiquen el contenido de estos mensajes y adopten las medidas preventivas y legales que correspondan”, expresó en su cuenta de X.
La revelación de estos chats ha generado temor y zozobra entre la población, que percibe un riesgo real de que se presenten ataques violentos en varias ciudades del país tras la segunda vuelta presidencial. El caso pone en evidencia la fragilidad del orden público y la capacidad de las redes sociales para convertirse en plataformas de incitación al desorden.
La Fiscalía deberá determinar la veracidad de los mensajes y establecer si se trata de un plan organizado o de simples expresiones de odio en un contexto de polarización política. Mientras tanto, la denuncia de Bravo se convierte en un llamado de alerta sobre la posibilidad de que sectores radicales intenten desestabilizar el país en un momento decisivo para su futuro político.
