Un nuevo capítulo de polémica golpea a la Secretaría de Educación de Ibagué.
El sindicato Sintraeducación denunció que la dotación correspondiente al año 2025 para docentes y administrativos sigue sin ser entregada, pese a tratarse de una obligación legal. El incumplimiento, aseguran, no es un simple retraso administrativo, sino una muestra de incapacidad institucional y falta de liderazgo.
Desde finales de 2025 se realizaron reuniones y compromisos con una fecha límite clara: 31 de marzo de 2026. Superado ese plazo, no existe evidencia de pago ni de ejecución efectiva. El sindicato advierte que hubo procesos contractuales para adquirir la dotación, pero la entrega nunca se materializó. La pregunta que ronda es inevitable: ¿dónde están los recursos y qué ocurrió entre la contratación y la ejecución?
El problema trasciende lo jurídico y se convierte en un asunto político. La falta de resultados concretos pone en evidencia una administración debilitada, encabezada por la alcaldesa de Ibagué y el secretario de Educación, Diego Guzmán. No se trata de acusaciones ligeras, sino de hechos verificables: compromisos incumplidos, plazos vencidos y ausencia de soluciones.
La jurisprudencia es clara: las entidades públicas no pueden excusarse en trámites internos para incumplir derechos laborales. Hacerlo puede derivar en responsabilidades disciplinarias, fiscales e incluso judiciales. El sindicato ya anunció posibles acciones legales y movilizaciones.
Lo que está en juego es la credibilidad institucional. Ibagué necesita respuestas claras, decisiones efectivas y resultados inmediatos. Porque cuando el Estado incumple, no solo falla la gestión: falla el liderazgo.
