Crece polémica en Cortolima por destino de millonarios viáticos y viajes.
Una nueva controversia rodea a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). La directora de la entidad, Olga Lucía Alfonso, quedó en el centro del debate luego de que, tras una solicitud formal de acceso a información pública, entregara únicamente un reporte consolidado sobre los recursos destinados al pago de viáticos, sin detallar funcionario por funcionario los desplazamientos realizados ni el destino específico de los recursos.
La petición buscaba conocer de manera pormenorizada quiénes viajaron, hacia qué lugares, cuánto dinero recibió cada servidor público y cuál fue el propósito de cada comisión oficial. Sin embargo, la respuesta de la entidad se limitó a presentar cifras globales, situación que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de estos recursos públicos.
Los documentos conocidos evidencian que entre las vigencias 2025 y 2026, Cortolima reportó gastos superiores a 1.876 millones de pesos por concepto de viáticos para su planta de personal. No obstante, la ausencia de información individualizada impide establecer cómo fueron distribuidos esos recursos y quiénes fueron sus beneficiarios.
De acuerdo con el informe consolidado, durante 2025 la entidad destinó 1.450.250.269 pesos para el pago de viáticos a servidores públicos. Para 2026, el reporte señala un gasto de 426.707.570 pesos, cifras que, aunque oficiales, fueron presentadas de manera agrupada. A estos recursos se suman otros contratos relacionados con la movilidad del personal. En materia de transporte aéreo aparece el contratista Néstor Fabián Torres Ramos (y/o Semtol), encargado del suministro de tiquetes nacionales e internacionales para funcionarios y miembros del Consejo Directivo.
Según la información entregada, este contrato registra una inversión de 39 millones de pesos durante 2025 y 49 millones de pesos en 2026. Otro de los contratos que llama la atención corresponde al transporte terrestre. Los documentos oficiales indican que el servicio fue adjudicado a Servicios Especiales El Sol de la Variante S.A.S., cuyo contrato acumulado entre 2024, 2025 y 2026 alcanza un valor superior a 11.129 millones de pesos.
Aunque Cortolima entregó los valores globales solicitados, la falta de información detallada sobre cada comisión oficial ha despertado críticas y nuevos interrogantes acerca del manejo de los recursos públicos. El caso ha abierto nuevamente el debate sobre la obligación de las entidades estatales de garantizar el acceso pleno a la información pública y de ofrecer mecanismos que permitan conocer con precisión el destino de los dineros administrados por el Estado. Mientras tanto, persisten las preguntas sobre los viajes realizados, los funcionarios beneficiados y la justificación de cada uno de los gastos reportados.
