Amaya sostuvo que las afirmaciones del funcionario buscan justificar una eventual intervención de la fuerza pública en las instalaciones de Velotax
La controversia alrededor de Velotax sigue escalando. El gerente de la empresa, Diego Amaya, rechazó de manera contundente los señalamientos realizados por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien afirmó que alrededor de la cooperativa existirían presuntos hechos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos. El directivo aseguró que tales declaraciones carecen de sustento judicial y anunció que emprenderá acciones legales para defender su nombre y el de la empresa.
Amaya sostuvo que las afirmaciones del funcionario buscan justificar una eventual intervención de la fuerza pública en las instalaciones de Velotax, donde actualmente permanecen trabajadores manifestándose tras la intervención de la Superintendencia de Transporte. Según indicó, quienes permanecen en la sede son empleados preocupados por su estabilidad laboral y no personas vinculadas a actividades ilícitas.
El gerente afirmó que no existe una sola denuncia penal ni sentencia condenatoria en su contra o contra los integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa. Además, advirtió que será Idárraga quien deberá demostrar las acusaciones formuladas públicamente. Frente a uno de los casos mencionados por el secretario de Transparencia, relacionado con la incautación de una alta suma de dinero en un bus de la empresa, Amaya explicó que el efectivo pertenecía a un pasajero que asumió su propiedad y recordó que Velotax no tiene facultades para revisar el equipaje de los viajeros. Asimismo, defendió la colaboración permanente de la empresa con las autoridades, asegurando que siempre suministran videos, registros de pasajeros y demás información requerida cuando se presentan investigaciones judiciales. Finalmente, hizo un llamado al próximo Gobierno Nacional para conformar una comisión que revise tanto la actuación de Velotax como el proceso adelantado por las entidades estatales.
