Desde el departamento del Cauca, el viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón, reiteró la postura del Gobierno nacional frente a los cultivos de uso ilícito y aseguró que el país no puede continuar dependiendo de la producción de coca como alternativa económica para las comunidades rurales. El pronunciamiento se dio en el marco de una reunión con autoridades regionales para evaluar compromisos, así como la situación humanitaria y de seguridad en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia.
Durante el encuentro, Rondón señaló que el Ejecutivo mantiene una política definida de sustitución de cultivos ilícitos, acompañada de una oferta institucional sólida desde el sector agrícola. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno trabaja de manera articulada con las autoridades departamentales para brindar alternativas productivas a las comunidades campesinas.
“Colombia tiene un enorme potencial y no puede seguir siendo reconocida como un país productor de coca. De la mano del Gobierno departamental, se van a ofrecer opciones reales para que la gente deje de sembrar estos cultivos”, afirmó el viceministro, al tiempo que insistió en que la coca no debe seguir considerándose como la única fuente de subsistencia.
Rondón también manifestó que la idea de que la economía cocalera es la única salida para las familias rurales pertenece al pasado. Según explicó, el país atraviesa una coyuntura que permite avanzar hacia modelos productivos legales y sostenibles, aunque reconoció que persisten dinámicas de instrumentalización de la población campesina por parte de actores externos.
El funcionario advirtió que los cultivos ilícitos no solo están asociados a economías ilegales, sino que generan violencia, muerte y facilitan la intervención de intereses foráneos en el territorio. “Estas economías terminan afectando gravemente a las comunidades y al país en general”, señaló.
En relación con las recientes manifestaciones de más de cinco mil campesinos del Cañón del Micay, quienes han expresado su rechazo a una eventual aspersión con glifosato, el viceministro aseguró que el Gobierno nacional mantiene abiertos los canales de diálogo. Indicó que desde la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos se prioriza la concertación con las comunidades para avanzar en soluciones integrales.
Por su parte, la secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, respaldó la necesidad de transitar hacia economías legales, pero enfatizó en que este proceso debe realizarse de manera concertada con la población rural. “La sustitución es necesaria, pero debe construirse junto a las comunidades para que sea sostenible”, expresó.
La funcionaria destacó que el departamento del Cauca cuenta con múltiples potencialidades para el desarrollo de economías alternativas, especialmente en el sector agrícola. Asimismo, advirtió que la permanencia de cultivos ilícitos ha generado graves afectaciones sociales y ha sido uno de los principales factores de la violencia que enfrenta actualmente la región.
La reunión concluyó con el compromiso de continuar el seguimiento a la situación en El Plateado y fortalecer los espacios de diálogo entre el Gobierno nacional, las autoridades locales y las comunidades campesinas.
