MINNEAPOLIS — El zar de inmigración de la administración del presidente Donald Trump, Thomas Homan, aseguró este jueves que trabajará para “restaurar la ley y el orden” en Minneapolis, donde la presencia de agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha generado una crisis social y política tras dos tiroteos mortales.
Homan, director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y enviado especial del Gobierno a Minnesota, ofreció su primera conferencia de prensa desde su llegada a la ciudad, donde estallaron protestas y enfrentamientos luego de que agentes federales abatieran a dos ciudadanos estadounidenses, hechos que han desatado fuertes críticas y rechazo nacional.
“El presidente quiere que esta situación se resuelva, y mi labor aquí es asegurar que se haga dentro del marco de la ley”, afirmó Homan, quien dijo que buscará corregir deficiencias en las operaciones antiinmigración mientras insiste en que la seguridad pública es prioritaria.
Desde principios de enero, Minneapolis ha sido escenario de tensión creciente. El primer incidente fatal ocurrió el 7 de enero, cuando una agente de ICE mató a Renée Good, de 37 años, durante una redada en calles de la ciudad. El caso provocó protestas y denuncias de uso excesivo de fuerza por parte de organizaciones de derechos humanos y autoridades locales.
Semanas después, el 24 de enero, otro ciudadano, Alex Pretti, también de 37 años y enfermero, fue muerto por agentes en un nuevo operativo de ICE, situación que exacerbó la indignación pública y llevó a protestas más amplias no solo en Minneapolis sino en otras ciudades de Estados Unidos.
Ante el aumento de las críticas, Homan reconoció que algunas prácticas de los equipos federales deben ajustarse y aseguró que los agentes que actúen de forma poco profesional “serán sancionados”. Al mismo tiempo, funcionarios de la Casa Blanca han comenzado a reorientar la estrategia, pasando de grandes redadas en las calles a operaciones más selectivas y coordinadas con autoridades locales y estatales, e incluso evaluando una reducción de personal en la región si así lo permiten las condiciones de cooperación.
El despliegue masivo de agentes y el giro en la política de detenciones se producen en medio de un creciente debate político y legal sobre la presencia de ICE en Minneapolis, con legisladores estatales y organizaciones civiles exigiendo mayor rendición de cuentas y restricciones al uso de la fuerza por parte de las agencias federales.
