La Procuraduría General de la Nación suspendió al gerente de Cali, Roger Mina, al considerar que su permanencia en el cargo representaba un riesgo para los intereses de la ciudad, debido a presuntas irregularidades en un proceso contractual relacionado con la concesión del servicio de alumbrado público por 20 años, hasta 2045. Según el Ministerio Público, la falta de transparencia detectada reviste alta gravedad institucional.
En este contexto, el concejal Mauricio Zamora advirtió que no se trata de un negocio menor, ya que en las fases preliminares se habrían manejado contratos por más de 93.300 millones de pesos. No obstante, la administración avanzó hacia una figura de “alianza estratégica” de cuantía indeterminada, lo cual, según el cabildante, podría generar impactos económicos significativos para la ciudad durante dos décadas.
Además, Zamora recordó que la Procuraduría había emitido alertas desde julio de 2024 sobre posibles faltas graves; sin embargo, dichas advertencias no fueron atendidas y el proceso continuó sin ajustes, lo que incrementó las dudas sobre su legalidad. Uno de los aspectos más cuestionados es la denominada “invitación no vinculante”, presentada como una fase de planeación, aunque para el concejal esta ya definía reglas y cronogramas, por lo que no podía considerarse exploratoria.
Finalmente, pese a que el gerente suspendido aseguró que solo se revisaba un cronograma, documentos oficiales indicarían que el contrato estaba próximo a firmarse, lo que mantendría el riesgo jurídico y financiero. Por ello, Zamora exigió la renuncia definitiva del funcionario, la suspensión inmediata del proceso y solicitó al alcalde Alejandro Eder frenar la alianza, reiterando que el patrimonio público de Cali debe protegerse con total transparencia.
