La excongresista Aída Merlano ya arribó a suelo colombiano tras ser deportada de Venezuela, donde estuvo prófuga de la justicia durante los últimos tres años.
Su regreso a Colombia se confirmó en la mañana de este viernes, cuando el Ministerio de Justicia y su abogado, Miguel Ángel del Río, confirmaron que llegaría al país para responder ante las autoridades nacionales.
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A eso de las 12:00 del mediodía de este viernes, se confirmó también que el fuerte esquema de seguridad que la trasladará hasta su centro carcelario llegó al aeropuerto El Dorado. El operativo del INPEC está compuesto por más de 10 vehículos que la escoltarán hasta la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá.
La caravana de buses, camionetas y motos de la Fuerza Pública llegó al Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM, la base militar de la Fuerza Aérea que comparte instalaciones con el aeropuerto de Bogotá y que es desde donde llegan y salen los presos del país.
Sobre el proceso de deportación, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que Merlano llegaría al mediodía y que quedará a disposición de las autoridades colombianas desde ese momento.
Por lo que se sabe que, a partir de ahora, quedará en custodia de las entidades del Estado. “Aida Merlano comparecerá de nuevo a la justicia colombiana a partir del mediodía de hoy (…) A la señora Merlano se le respetará su vida, será tratada con dignidad y será conducida al establecimiento correspondiente (…) Esta es una manifestación de cómo unas relaciones diplomáticas fluidas otorgan resultados”, concluyó Osuna.
Según anunció Migración Colombia, “la ciudadana Aída Merlano Rebolledo llegó hoy a Colombia al Aeropuerto El Dorado de Bogotá, procedente de Caracas (Venezuela) en calidad de deportada” y “después de surtir los trámites migratorios de ley, la ciudadana Merlano fue entregada a las autoridades competentes”.
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Ya en Colombia, Aida Merlano deberá responder por el delito de su fuga y por los otros procesos que tiene pendientes.
Actualmente, en contra de la exsenadora pesan dos condenas de la Corte Suprema: una de 11 años y 4 meses de prisión por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego y otra de 5 años y 6 meses de prisión como coautora del delito de violación de límites de gastos en campañas electorales.
