Jaime González enfrenta nuevas críticas por sus actuaciones dentro de hospitales.
El nombre de José Jaime González, actual gerente del Hospital Santa Lucía de Herveo, vuelve a estar en el ojo del huracán. Presuntas denuncias ciudadanas lo señalan de extralimitarse en sus funciones, tomando decisiones directivas dentro del Hospital Ramón María Arana de Murillo, pese a no tener competencia legal alguna.
Según documentos enviados a la Procuraduría, Fiscalía y Superintendencia de Salud, González habría presuntamente impartido órdenes administrativas y contractuales en el hospital de Murillo a través del gerente encargado Carlos Alfonso García Rico, quien asumió temporalmente tras la licencia de maternidad de la titular Magda Liseth Sabogal. Testimonios internos aseguran que González orientó despidos, licencias y decisiones judiciales, generando un ambiente de presión laboral y temor en el personal.
Las denuncias advierten que esta intervención constituye una posible falta disciplinaria, al violar principios de moralidad, transparencia y responsabilidad en la función pública. González, designado con período fijo en Herveo, no tendría autorización legal para ejercer funciones en otra institución.
El historial del funcionario no es nuevo. Su nombre ya estuvo ligado a controversias durante su paso por el hospital del Líbano, intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud tras múltiples irregularidades bajo su administración. También fue cuestionado públicamente por presunta participación en política.
El caso se agrava en medio de la expectativa por los recursos que el Ministerio de Salud y la Gobernación del Tolima destinarán al hospital de Murillo, lo que exige un manejo transparente. Las denuncias resaltan que las decisiones paralelas de González podrían influir en estos procesos de contratación y uso de fondos públicos
La comunidad ha expresado preocupación frente a lo que consideran un abuso de poder que repite un patrón ya conocido. Para muchos, el gerente parece actuar con total libertad, ignorando las advertencias pasadas y generando desconfianza en las instituciones de salud regionales.
Las autoridades deberán determinar si las conductas de González configuran extralimitación de funciones y conflicto de intereses. Mientras tanto, en Murillo y Herveo el ambiente es de incertidumbre, pues los trabajadores sienten que sus puestos están bajo la lupa de un directivo que no pertenece oficialmente a su entidad, pero que mantiene un fuerte control sobre decisiones clave.
