Laura Franco
Diputados del Guaviare expresaron recientemente su preocupación debido a que el proyecto de vivienda para personas víctimas del conflicto armando en este departamento, no ha iniciado. Ofelia Quitián, diputada del Departamento, explicó que el contrato está desde el 2018, pero a la fecha no han puesto ni un ladrillo.
De acuerdo con información conocida por este medio la empresa contratista Consorcio Norte, tiene contratos en varios departamentos y en ninguno ha iniciado obra. “Ya se le hizo un desembolso de dos mil quinientos millones de pesos para este proyecto, pero no hemos obtenido respuesta”, dijo la diputada.
Causas
Al parecer, la ejecución de las obras se ha visto truncada porque varios de los predios seleccionados se encuentran dentro de áreas de reserva natural o en zonas de alto riesgo de inundación. “Yo he preguntado y me han dicho que no me van a construir porque mi predio no tiene las condiciones de seguridad”, manifestó una beneficiaria.
Esta situación preocupa no solo a los beneficiarios del programa, sino a las entidades que financian estas viviendas, como la empresa Fiduagraria. “Es importante que se ejerza presión y seguimiento al contratista para que cumpla con el proyecto, hasta el momento no han dado ningún pronunciamiento”, enfatizó Quitiàn.
Informe
A través de una reunión virtual, se estableció la creación de una mesa de trabajo y seguimiento conformada por los representantes de los 4 municipios e integrantes de la Fiduagraria, con el fin de entregar un informe exacto del estado de este proyecto. A su vez, expondrán las estrategias para evitar que el proyecto se declare como siniestro.
“Cuando hablamos de declarar siniestro el contrato, se hace referencia a que los beneficiarios de este proyecto quedarían por fuera de la base de datos y no podrían acceder a otros beneficios hasta dentro de 10 años”, comentó Ofelia.
Próxima reunión
Según la diputada, la falta de planificación y compromiso en los proyectos, es lo que retrasa las obras. Por otra parte, en un mes esperan tener respuestas a estos inconvenientes que no han permitido avanzar en las 48 obras de vivienda nuevas que se tenían previstas desde aproximadamente tres años, las cuales beneficiarían a población víctima del conflicto armado en el Departamento.
